La Audiencia Provincial de Valladolid durante el juicio de la 'Trama eólica' con las cuestiones previas ICAL
Endesa admite acuerdos con Collosa para facilitar proyectos eólicos ante la Junta, pero “no se regaló nada”
Declaración en la Audiencia de varios extrabajadores de la empresa. La carta del entonces consejero delegado de la empresa Rafel Miranda a Tomás Villanueva centra la atención en el juicio.
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La carta que en marzo de 2005 envió el entonces consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, al exconsejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, se ha convertido este martes en uno de los puntos clave de la sesión del juicio por la trama eólica que se celebra en la Audiencia de Valladolid.
La misiva, remitida por fax el 10 de marzo de 2005, revelaba el interés de Endesa por lograr “una amplia cobertura en Castilla y León” en la promoción de parques eólicos, y citaba expresamente a varias empresas con las que la eléctrica trabajaba para alcanzar “acuerdos de participación mayoritaria”.
Entre ellas figuraban Ibervento, Cannon Power, Dersa-Boreäs, Preneal, Ider y Ecotecnia.
El documento, que fue incorporado al sumario a partir de los correos entregados por el exviceconsejero Rafael Delgado, dio origen a la imputación de Villanueva, fallecido en 2019, y fue objeto de reiteradas preguntas por parte del fiscal durante la declaración de María Concepción Cánovas del Castillo Sánchez Marcos, responsable técnica de Endesa Cogeneración y Renovables (Ecyr) hasta 2008 y también del propio Rafael Miranda.
La declaración de ella fue extensa, mientras que la del exconsejero fue corta. Ha asegurado que no sabría decir quién le pasó la carta que fue enviada, y que era firmada por él, pero no redactada porque se la pasaron para firmarla. "No se lo sé decir quíen me trasmitió este interés, pero supongo que alguien de mi grupo de trabajo, porque en la Junta de Castilla y León había interés para que se desarrollarán por grandes empresas".
Sobre la reunión que se solicitaba con Tomás Villanueva ha asegurado que no recordaba si se llegó a celebrar o no con el director general de Generación, Manuel Morán, que posteriormente también fue otro testigo de la mañana, que apenas ha recordado nada de lo preguntado por Fiscalía.
También Miranda ha afirmado que a Rafael Delgado, principal acusado, "no le ponía ni cara".
Mientras que Morán tampoco recordaba si se realizó la reunión, mientras que sí tuvo "dos o tres" reuniones con el fallecido Tomás Villanueva, pero "una reunión para solo hablar de eso, no". Sobre la carta ha asegurado que "por su contenido no creo que fuera yo el que la pasó ni la redactó".
Hora y media de declaración
Por su parte, Cánovas aseguró durante más de hora y media de declaración como testigo que ella no facilitó directamente la información que Miranda trasladó a Villanueva, aunque admitió que los datos sobre los proyectos en tramitación “podrían haber salido de los informes periódicos” que elaboraba su equipo para conocer el estado de las promociones eólicas en Castilla y León.
“Esa información la teníamos muchos dentro de Endesa: el área territorial de Castilla y León, el director de mercado y otros técnicos”, explicó. “Yo hacía los informes de promoción técnica, pero no hablé nunca con Villanueva ni con Rafael Delgado”, pero ha reconocido que sí lo hizo con Ricardo Mantero y Tomás Ciria.
La testigo detalló además los acuerdos suscritos en 2005 entre Endesa Cogeneración, Iberdrola Eólica y Collosa, la constructora vallisoletana que actuó como socio local ante la falta de sede de Endesa en la comunidad.
Sin embargo, ha reconocido que la Junta no le impuso que tuviera que asociarse con Collosa, tras una pregunta del abogado de la empresa.
“Nos facilitaban la gestión: hablar con alcaldes, propietarios, porque nosotros trabajábamos desde Madrid y era complicado”, explicó.
Según indicó, el pacto se firmó en el contexto de un compromiso adquirido con la Junta por el entonces presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, que contemplaba la asignación de 438 megavatios si la compañía invertía en proyectos en la localidad leonesa de La Robla.
Parques eólicos, trámites y conflictos
Cánovas reconoció no recordar con precisión la composición accionarial de varios parques —como Altos Cartagena, Navazuelo, Altos del Marqués o Alto Cabrera—, aunque sí confirmó que en algunos participaron empresarios del Bierzo y asociaciones como Ecofen. También subrayó las dificultades administrativas en zonas como León o Soria, donde “los proyectos tenían que cumplir todos los requisitos” y “no se regaló nada”.
En su relato, apuntó que el Parque de Cabrera contaba ya con Declaración de Impacto Ambiental desde 2003, pero su tramitación “se echó para atrás” tras el proceso de avocación iniciado el 25 de abril de ese año, obligando a los promotores a asociarse para mantener la viabilidad de las inversiones.
“No se regaló nada”, ha afirmado la testigo de Endesa que ha defendido la legalidad de los parques eólicos ante la Audiencia, que ha reconocido que había un “decreto local” y que “para crecer” como empresa “lo mejor era aliarse con empresas locales”.
Uno de los casos mencionados en la carta, Ibervento, acabó renunciando a varios proyectos porque la Junta no les otorgó las autorizaciones pese a contar con declaración ambiental favorable.
Finalmente, la empresa fue vendida al Productor Regional de Energía S.A., una sociedad integrada por Inverduero, filial de Collosa, y Endesa.
La testigo recordó que dentro de Endesa se tenía la percepción de que la compañía era “una empresa local” por su histórico vínculo con Castilla y León, “por su pasado en El Bierzo y Medina del Campo, donde fue pionera en muchas cosas”.
Hay que recordar que según ya se ha declarado en la Audiencia, ser empresa local era una obligatoriedad que se imponía para poder participar en los parques eólicos.
Esta declaración de Cánovas del Castillo refuerza una de las líneas centrales del juicio, que es la de la supuesta existencia de favores y adjudicaciones selectivas en el reparto de megavatios eólicos durante la etapa en la que Tomás Villanueva dirigía la Consejería de Economía.
Avocación de Delgado
El funcionario Jesús García Flórez, del Servicio Territorial de Industria en León, declaró también este martes en la Audiencia que los jefes de servicio no tenían capacidad para adjudicar los parques eólicos, ya que las decisiones finales recaían en el entonces vicepresidente de la Junta, Rafael Delgado.
García Flórez, que trabajó en el servicio entre 2000 y 2023, explicó que su labor consistía en la tramitación administrativa de los proyectos según la Orden 189, pero que una instrucción interna de Energía y Minas les obligaba a esperar la avocación de Delgado antes de resolver los expedientes.
“Cuando el proceso llegaba a la fase de adjudicación, debíamos remitirlo a la Consejería para que lo firmara el viceconsejero”, detalló.
El testigo relató que mantuvo una reunión con Delgado y más personas en la que este le entregó una lista de parques eólicos “con previsiones”, aunque aseguró no haber comprendido bien el motivo del encuentro. Habitualmente trataba con Ricardo Mantero y Tomás Ciria, pero no con Delgado de forma directa.
Asimismo, señaló que recibió quejas de promotores eólicos por los retrasos en las autorizaciones y por la presunta exigencia de contar con un socio local para poder desarrollar los proyectos. No obstante, García Flórez precisó que nunca tuvo pruebas documentales de que esa condición se aplicara realmente, ya que solo lo conocía por comentarios verbales.
También ha declarado el letrado jefe de la Consejería, Carlos Fajardo Casajús, desde 2004 hasta abril 2022.
Allí su labor era la de asesoramiento en derecho en todas las materias del ámbito competencial de la Consejería: Energía y Minas, Comercio y Consumo, Economía Social, Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Industria, así como personal y contratación pública.
El juicio continuará mañana miércoles en la Audiencia de Valladolid.
