El exitoso modelo de Castilla y León que lidera la dependencia en España: "Queremos dar lo mejor a los más vulnerables"

Su fórmula no ha sido la improvisación, sino la constancia: una red de servicios sociales sólida, una administración ágil y un compromiso institucional sostenido en el tiempo. En los últimos años, mientras la lista de espera nacional apenas retrocede, la Comunidad ha conseguido prácticamente eliminar la suya.

Los datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales, publicados en la tercera edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), confirman un liderazgo que ya venía perfilándose. Castilla y León es la comunidad más rápida en resolver las ayudas de dependencia y, a día de hoy, no tiene lista de espera.

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El tiempo medio de resolución de una prestación en la comunidad es de 113 días, frente a los 349 de media en el conjunto de España. Es decir, mientras en otros territorios la tramitación puede prolongarse casi un año, en Castilla y León se completa en menos de cuatro meses.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado que el éxito de la Comunidad en materia de dependencia es "fruto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los profesionales".

"Es, además, fruto de un modelo propio de servicios sociales de Castilla y León donde están perfectamente coordinadas e implicadas la Junta, las entidades locales y las entidades del Tercer Sector. Es la apuesta clara y decidida del presidente Alfonso Fernández Mañueco por dar lo mejor a las personas más vulnerables", ha señalado.

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Inversión, planificación y proximidad

El cambio se aprecia también en la evolución interna. Hace apenas un año, unas doscientas personas esperaban aún a que se resolviera su expediente. Hoy, según el Ministerio, son solo ocho. La mejora no es anecdótica: refleja una transformación en la gestión que ha permitido atender a más ciudadanos en menos tiempo.

Actualmente, más de 121.000 personas en Castilla y León reciben algún tipo de prestación vinculada a la dependencia, un 5 % más que el año anterior. Esa eficacia se asienta sobre un sistema que, lejos de depender de un único factor, combina inversión, planificación y proximidad territorial.

Castilla y León dedica cada año más de 900 millones de euros a la atención a personas dependientes −lo que equivale a unos 2,5 millones diarios− y es la comunidad que más invierte por persona potencialmente dependiente: más de 1.500 euros anuales, muy por encima de la media nacional.

Pero el presupuesto, aunque importante, no explica por sí solo el éxito. Detrás hay un modelo de trabajo que ha conseguido reducir la burocracia y hacer de la coordinación su principal herramienta. En Castilla y León, el reconocimiento del grado de dependencia y la concesión de la prestación suelen tramitarse de forma casi simultánea, lo que evita duplicidades y acorta los tiempos.

La digitalización de expedientes, la simplificación de procedimientos y la colaboración estrecha con los servicios sociales locales han permitido una agilidad que otras administraciones aún no alcanzan.

La plena atención

Esa capilaridad territorial es una de las fortalezas del sistema. Con más de 2.200 municipios, muchos de ellos de población muy reducida, Castilla y León ha convertido la dispersión en un reto asumido: reforzar los equipos de base, acercar la atención al medio rural y garantizar que las ayudas lleguen incluso a los lugares más alejados.

En la práctica, esto ha supuesto multiplicar el número de técnicos, impulsar convenios con diputaciones y mantener una relación constante con entidades del Tercer Sector, que actúan como extensión natural de los servicios públicos.

El resultado es un nivel de cobertura que roza la plenitud. Según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, prácticamente todas las personas con derecho reconocido en Castilla y León están ya recibiendo su prestación.

De las más de 126.000 personas valoradas, 126.194 cuentan con ayuda efectiva. Esa equivalencia, casi perfecta, convierte a la comunidad en la única del país que puede hablar de plena atención, un concepto que hasta hace pocos años parecía utópico.

Un liderazgo consolidado

Los reconocimientos a este trabajo no se han hecho esperar. Castilla y León encabeza desde hace años el Índice DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que mide la calidad y la eficacia de los sistemas autonómicos.

En la edición de 2024 obtuvo su mejor puntuación histórica, un 7,7 sobre 10, muy por encima de la media española, situada en el 5,4. El informe destacaba la continuidad de las políticas sociales, la estabilidad de la financiación y la coordinación entre los distintos niveles de la administración como factores clave del éxito.

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha hecho hincapié en que una de las claves fundamentales de ese éxito es "la implicación de todas las administraciones y su coordinación".

"En una comunidad como Castilla y León, eminentemente rural, una población mayor y de gran extensión territorial, es fundamental ese trabajo conjunto entre administraciones: la Junta de Castilla y León, las entidades locales, que son las más cercanas al territorio, y las entidades del Tercer Sector, que son las que conocen las necesidades", ha señalado.

Y ha asegurado que se trata "de un esfuerzo importantísimo porque prestar los servicios en el medio rural cuesta mucho más que hacerlo en las ciudades". "Yo creo que estas claves son las que nos hacen ser los mejores", ha añadido.

Aun así, los logros no ocultan las sombras. El sistema de dependencia en España arrastra desde hace años un problema estructural: la lentitud en la tramitación y las consecuencias que ello tiene en la vida de las personas. El reto de cualquier sistema de cuidados es, en definitiva, que las ayudas lleguen a tiempo.

Financiación y reto demográfico

Otro punto de fricción es la financiación. Las comunidades autónomas reclaman desde hace tiempo que el Estado asuma el 50% del coste de la dependencia, tal como establece la ley. Sin embargo, Castilla y León sigue sufragando más de la mitad del gasto con recursos propios.

El desequilibrio, estimado en unos 260 millones de euros, obliga a mantener un esfuerzo presupuestario sostenido para no perder ritmo.

El contexto demográfico tampoco juega a favor. Castilla y León es la comunidad más envejecida de España y una de las más despobladas de Europa. Más del 25% de sus habitantes tiene más de 65 años y la población está muy dispersa. Sostener un sistema de atención eficaz en este escenario implica no solo recursos, sino innovación.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha comenzado a impulsar proyectos de teleasistencia avanzada, viviendas compartidas y unidades de convivencia en residencias, así como programas específicos contra la soledad no deseada. El objetivo no es únicamente atender, sino ofrecer una atención adaptada a nuevas realidades sociales.

La Atención en Red

Blanco ha destacado que, entre los programas más importantes dentro de ese sistema social se encuentra la Atención en Red.

"Es un proyecto innovador, incluido dentro del sistema de atención a la dependencia 5.0, que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales para ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio, con la tecnología como aliada", ha señalado.

La consejera ha hecho hincapié en que este proyecto contribuye, además, "a favorecer la cohesión social, a promover el empleo local, dinamizar el territorio y a fijar población".

"Dentro del modelo de Atención en Red tenemos varios proyectos. Uno de ellos, que ha sido premiado y reconocido es 'A gusto en casa', que tiene como objetivo garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios", ha recordado.

Y ha señalado que este proyecto "ofrece a las personas con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su domicilio, desarrollando sus actividades cotidianas, de participación social, cuidado de la salud y, en general, todas aquellas actividades que cada persona desee".

"El reconocimiento de la dignidad de la persona, la búsqueda de su máxima capacidad de autonomía, el respeto a sus preferencias y deseos y la capacidad de adecuar los apoyos a las necesidades que en cada momento se puedan presentar, son los aspectos que dirigen todas las acciones previstas", ha apuntado.

Por su parte, Blanco ha subrayado que otra iniciativa de importancia primordial es el proyecto INTecum, que ofrece "un acompañamiento respetuoso" y fomenta "la participación social activa".

Su finalidad es actuar "mediante un proceso sociosanitario integrado de forma proactiva, desde el momento de la inclusión de una persona con enfermedad en fase avanzada/terminal en el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos, proporcionando los apoyos que precise para que pueda permanecer en el hogar elegido con garantías de calidad y seguridad", ha señalado.

Los mejores servicios sociales

Ese impulso social no se limita a la dependencia. Castilla y León también destaca en la gestión de los servicios sociales en su conjunto.

La Comunidad mantiene un entramado de recursos que abarca desde la protección a la infancia hasta la atención a las víctimas de violencia de género, pasando por políticas de apoyo a la familia, la discapacidad o el envejecimiento activo. Todos esos ámbitos se coordinan bajo una misma filosofía: la de la cercanía y la atención personalizada.

Los expertos coinciden en que el caso de Castilla y León demuestra que la dependencia no tiene por qué ser un laberinto burocrático.

En un momento en que el envejecimiento de la población se acelera y la demanda de cuidados crece en toda España, el modelo castellano y leonés se consolida como una referencia posible. Ha logrado algo poco común en la gestión pública: unir eficacia y humanidad, técnica y sensibilidad, planificación y empatía.

Retos pendientes

En cuanto a los retos pendientes, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado que "siempre queda trabajo por hacer, cosas por mejorar y en ello seguimos".

"Los servicios sociales son prioridad para el gobierno de la Junta de Castilla y León por ello también invertimos y avanzamos en tecnología, esa tecnología al servicio de las personas que facilita la vida tanto a los usuarios como a familias y cuidadores", ha afirmado.

Y ha puesto como ejemplo la Feria Internacional de los Cuidados (Fitecu), que celebra este año su segunda edición. "Ya preparamos la tercera que tendrá lugar en 2027. Es una feria que va de la mano del HUB de la Aldehuela, en Zamora, un centro que cuenta con capacidad para visibilizar el potencial de la tecnología y su aplicación de manera co-creativa", ha subrayado Blanco.

La consejera ha hecho hincapié en que se trata de un lugar "donde se fomentan encuentros profesionales y eventos para poner en común proyectos, tecnologías e ideas, entre las que se incluye Fitecu".

Un laboratorio de buenas prácticas

Los informes oficiales sitúan a Castilla y León en una posición casi de laboratorio de buenas prácticas. Un territorio complejo, con baja densidad poblacional y recursos limitados, que sin embargo ha conseguido articular un sistema ágil y estable.

En otras comunidades, los mismos indicadores muestran un panorama muy diferente: demoras de más de 300 días, miles de expedientes sin resolver y familias que asumen durante meses los cuidados sin apoyo institucional.

La experiencia castellana y leonesa demuestra que con voluntad política, gestión profesional y compromiso presupuestario es posible invertir la tendencia. En un contexto nacional donde la dependencia sigue siendo una deuda pendiente, la Comunidad ha pasado de ser un caso particular a convertirse en ejemplo.

El liderazgo de Castilla y León no se mide solo en cifras ni en rankings. Se mide en la tranquilidad de quienes reciben una ayuda a tiempo, en la confianza de las familias que no sienten que el sistema les da la espalda y en la credibilidad de una administración que responde.

En tiempos de desconfianza hacia lo público, ese puede ser el mayor logro de la Comunidad: haber demostrado que la dependencia puede gestionarse bien, y que la dignidad también se construye con eficacia.