Vox y PSOE se unen de nuevo para tramitar una ley que limite las instalaciones renovables en Castilla y León

Lo han hecho en una toma de consideración de ley presentada por los de David Hierro que ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto del Partido Popular que se ha abstenido junto a los procuradores Javier Teira y Ana Rosa Hernando. 

Desde que Vox abandonó la Junta de Castilla y León en julio de 2024 y pasó a la oposición, sus procuradores han pasado de votar en bloque con el Partido Popular, su socio en el gobierno de coalición, a secundar en no pocas ocasiones iniciativas parlamentarias de partidos al otro extremo del espectro ideológico, en concreto del PSOE. Lo que desde el PP se conoce como la “pinza voxcialista”.

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Hoy se ha vivido una más, que se suma a otras, como por ejemplo la ley institucional, o la de este martes en un tema de Educación.

En esta ocasión, el Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una proposición de ley que busca suspender temporalmente la autorización de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica, como parques eólicos y plantas solares, en la comunidad.

La medida, según el partido, pretende “proteger el patrimonio agrario y paisajístico” de los núcleos rurales ante la “proliferación descontrolada” de proyectos en suelo no urbanizable.

La formación, a través de su procurador Carlos Menéndez, ha denunciado que, en los últimos años, el crecimiento de grandes infraestructuras energéticas se ha producido “sin una planificación adecuada”, lo que estaría afectando negativamente a los paisajes, los ecosistemas rurales y las explotaciones agrícolas y ganaderas tradicionales.

Vox advierte además de que muchos de estos proyectos “responden a intereses privados”, pese a ampararse en la declaración de utilidad pública prevista en la Ley del Sector Eléctrico.

Pues bien, todas estas teorías han sido aceptadas por todos los grupos parlamentarios, incluso Podemos, pero ha contado con la abstención del Partido Popular.

El texto legal propone una moratoria temporal en la tramitación y declaración de utilidad pública de nuevas instalaciones energéticas cuya autorización dependa de la Junta de Castilla y León.

Solo quedarán excluidas las instalaciones de autoconsumo, como paneles solares domésticos o en explotaciones agropecuarias, y aquellos proyectos que ya hayan superado el trámite de información pública.

Vox justifica la iniciativa recordando que Castilla y León ya es la comunidad líder en producción de energía renovable, con un 42% de cobertura sobre el consumo final y más de 14.500 megavatios instalados en 2024. “Cualquier nueva solicitud no responde a una necesidad real y puede dañar los valores agrarios y paisajísticos del entorno rural”, sostiene la formación.

El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha defendido la necesidad de una ley que evite la proliferación sin planificación de una “multitud” de instalaciones de energías renovables, ya que consideró que esto supone un “ataque” al medio rural. Además aclaró que no se oponen a las energías ‘verdes’, pero señaló que el liderazgo de la Comunidad “no aporta nada”, más allá de incrementar la recaudación fiscal de la Junta.

Oposición del PP

Lorena de la Fuente, del PP, alertó de que la aprobación de la ley supondría la pérdida de 300 millones de ingresos y aumentaría los gastos por indemnizaciones, además de afectar fondos de la PAC y exigir asesorías para evaluar el impacto ambiental.

Por su parte, la socialista Virginia Jiménez acusó a Vox de oportunismo, aunque coincidió en la necesidad de una transición energética “justa e inclusiva” y con planificación clara para evitar conflictos y corrupción. Luis Mariano Santos, de UPL, pidió un debate equilibrado y advirtió contra la saturación de parques renovables en el medio rural, mientras que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, respaldó la iniciativa pero insistió en la necesidad de un plan ordenado.

“Arrepentidos los quiere Dios”, dijo el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández a los dirigentes de Vox, a los que confirmó su apoyo a la iniciativa. “Renovables sí, pero no así”, afirmó para demandar un plan “ordenado”, “razonable” si bien pidió a Vox que aclare si va a seguir apoyando en la próxima legislatura al PP.

Francisco Igea apoyó la propuesta por considerar razonables las limitaciones frente al exceso de generación en la región, sugiriendo incluso un lema para Vox: “menos molinillos y más monaguillos”.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, defendió que se debata sobre esta norma que propone Vox. Además, explicó que están a favor de las renovables, pero señaló que no puede ser la “solución para todo” y llenar el medio rural de parques eólicos o solares, creando un “conflicto” con el sector agrario.

De esta forma, la iniciativa legislativa de Vox pasará a la comisión parlamentaria correspondiente para que se tramite con la apertura del plazo de presentación de enmiendas, que una vez revisadas y debatidas, tendrá que volver al pleno, si bien faltan poco más de dos meses para que termine este periodo de sesiones y, previsiblemente, la legislatura, con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas.