Concentración frente a las Cortes convocada por CSIF a la que asisten bomberos forestales y agentes medioambientales para reclamar un operativo totalmente público
CSIF vuelve a las Cortes para defender a los bomberos forestales: “El Diálogo Social es cómplice de los incendios”
Denuncian la precarización del operativo de incendios y exigen una ley de bomberos forestales en Castilla y León.
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Representantes sindicales de CSIF denunciaron este martes ante las Cortes de Castilla y León la situación de precariedad que vive el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad.
Criticaron la “complicidad” del diálogo social en la privatización de servicios esenciales y reclamaron la aprobación urgente de una ley autonómica de bomberos forestales y de agentes medioambientales.
Agustín Argulo, presidente de Administración General de Castilla y León de CSIF y delegado autonómico de Medio Ambiente, señaló que el acuerdo del diálogo social de 2022 “solo ha servido para aumentar la privatización y la precarización de los trabajadores del operativo”.
Según denunció, se han externalizado autobombas y maquinaria pesada, se han desmantelado casetas de incendios —especialmente en Segovia— y hasta la formación se ha derivado a empresas privadas.
“Defendemos un operativo 100% público, gestionado por empleados públicos, porque es la única garantía de un servicio eficaz para proteger la vida, las casas y el territorio de los ciudadanos”, subrayó Argulo, quien pidió al presidente Alfonso Fernández Mañueco que cese al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por “inacción” ante la crisis.
El sindicato exigió además que las Cortes desarrollen la Ley básica de bomberos forestales (Ley 5/2024, de 8 de noviembre), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar sus propias normativas.
También reclamaron al Gobierno central que modifique la normativa aprobada tras los incendios de la Sierra de la Culebra para fijar criterios objetivos de medios mínimos —en función de superficie forestal o número de incendios— que eviten la dependencia de refuerzos externos.
Por su parte, Marcelino Arriba, delegado de Medio Ambiente de CSIF y agente medioambiental de la Junta, recordó que su organización lleva “años reclamando una ley de agentes medioambientales en Castilla y León”.
Concentración frente a las Cortes convocada por CSIF a la que asisten bomberos forestales y agentes medioambientales para reclamar un operativo totalmente público ICAL
Denunció que el Partido Popular ha rechazado de forma sistemática sus propuestas, aunque actualmente está en tramitación una proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!.
Arriba también exigió reabrir la negociación del decreto que regula el operativo de incendios y las guardias, una normativa con dos décadas de antigüedad. “La Junta lleva tres años incapaz de cerrar un acuerdo tras diez reuniones. Este verano hemos vivido una tragedia y ya no hay excusas para seguir bloqueando la negociación”, advirtió.
Los sindicatos coincidieron en rechazar el diálogo social como instrumento de negociación para este colectivo, al considerar que “inyecta dinero en lo privado y precariza a los trabajadores”. En su lugar, defendieron que las condiciones laborales se negocien en la mesa general de empleados públicos.
Gobierno central
Pese a las críticas a la Junta, reconocieron los avances recientes del Gobierno central, como la aprobación de coeficientes reductores que permitirán adelantar la edad de jubilación de los bomberos forestales o el inicio del trámite de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales.
“Ahora mismo al Gobierno hay que darle un tiempo. Si no cumple, nos tendrán en Madrid. Pero aquí, en Castilla y León, ya no podemos esperar más. La comunidad necesita una ley clara, medios suficientes y una gestión pública y eficaz”, concluyó Argulo.
