Castilla y León acumula 204 pulseras antimaltrato pero mal repartidas: “Apenas las conceden, ni en casos graves”

El debate sobre las pulseras telemáticas no es meramente estadístico. Detrás hay mucho más. Hay un asunto de seguridad vital para cientos de mujeres en riesgo. Castilla y León se convierte en un ejemplo de las contradicciones del sistema. Más dispositivos, sí, pero también más dudas sobre su correcta aplicación y sobre la equidad en su reparto.

En Castilla y León las cifras no dejan de crecer. La comunidad tiene activas 204 pulseras, un 18,1% más que hace un año, frente a la reducción del 6,3% registrada en el conjunto del país, según los datos extradidos del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.

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El dato debería ser un indicador positivo de protección, pero lo cierto es que la realidad abre más interrogantes que certezas. Las asociaciones de víctimas denuncian que en muchas provincias apenas se conceden, los jueces alertan de fallos técnicos y la Fiscalía reconoce que los errores del sistema ya han tenido consecuencias judiciales graves.

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT) denuncia a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que, al menos en Valladolid, “apenas se conceden, ni siquiera en casos de maltrato físico muy grave”.

“Nosotras no hemos tenido ninguna usuaria con este dispositivo, principalmente porque en Valladolid apenas las conceden, ni siquiera en casos que hemos visto de maltrato físico muy grave. No te podemos decir más que eso, lo siento”.

Una declaración que, más allá de las cifras oficiales, cuestiona la efectividad del sistema y pone de manifiesto que el aumento puede responder más a criterios administrativos que a una política real de protección.

Dispositivos activos en julio de 2025 Observatorio de Violencia de Género

Nina Infante: "Necesarias, pero mejorables"

Por su parte, Nina Infante, presidenta de Foro Feminista de Castilla y León, asegura que lo que está ocurriendo “se ve con preocupación” y espera que se corrijan y “depuren todas las responsabilidades”.

Desconoce si alguna mujer de la Comunidad se ha visto involucrada en esta situación “porque no hay datos”.

Infante pone el dedo en algunas empresas que se ceden todas las competencias y luego no saben hacer bien su trabajo. “Lo importante es que se estudien todos los casos”.

Su experiencia les dice que las pulseras “sirven para minorar el peligro, es cierto que algunas personas se lo cierran, pero es inevitable”, pero tiene claro que “son necesarias, aunque mejorables”.

Finalmente asegura que la “igualdad” es la mejor pulsera que puede existir para las mujeres que sufren esta lacra. Para ello, aconseja estar presente en manifestaciones como la de este martes en Fuente Dorada (20.00 horas) el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

Concepción Ayala: "Pedimos transparencia"

Por su parte la secretaria del Fórum de Política Feminista, Concepción Ayala, ha reclamado que la gestión de las pulseras telemáticas destinadas a proteger a mujeres víctimas de violencia de género pase a ser completamente pública.

Según explica, el problema no reside en el dispositivo en sí, sino en la “privatización y licitaciones” que afectan a su funcionamiento y que, a su juicio, comprometen la seguridad de las víctimas.

Ayala subraya que en Castilla y León no tienen constancia de fallos recientes en el sistema, aunque advierte que a nivel nacional sí se han detectado incidencias y opacidad en la gestión: “Pedimos transparencia total y un incremento del presupuesto.

Para eso existe el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla partidas específicas.

La portavoz señala que las pulseras solo se colocan tras una resolución judicial y en casos de riesgo alto, lo que limita su alcance.

No obstante, critica que los trabajos asociados al control de estos dispositivos recaen en personal “precario y sin formación especializada”, lo que genera desconfianza entre las víctimas.

Ayala alerta, además, de prácticas de algunos maltratadores que buscan acercarse deliberadamente a sus exparejas para activar la alarma y “mantenerlas en vilo”, impidiéndoles rehacer su vida.

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También cuestiona las medidas que se ponen de defensa que considera insuficientes: “El recorrido que debe afrontar una mujer para denunciar es muy largo y costoso, y muchas veces no les proporciona la seguridad necesaria. El foco debería ponerse en vigilar más a los maltratadores, no en cargar de nuevo sobre las víctimas”.

Para Ayala, el debate sobre las pulseras refleja un problema más profundo: la negación de la violencia machista en algunos sectores de la sociedad.

"Si se cuestiona su existencia, el fallo empieza ahí. El verdadero cambio debe ser social: señalar al maltratador, apoyar a la mujer y dejar de negar la violencia contra las mujeres", zanja. 

Por provincias

Por provincias, León concentra la mayor parte de dispositivos (80), seguida de Soria (28), Palencia (24), Burgos y Segovia (20 cada una), Ávila y Zamora (12 cada una), Valladolid (5) y Salamanca (3).

La distribución evidencia un uso muy irregular. Valladolid, la provincia más poblada, apenas registra un puñado de dispositivos, mientras que otras con menor número de habitantes, como Soria, multiplican la cifra.

En términos relativos, los mayores incrementos se han dado en Zamora, que ha pasado de 7 dispositivos en julio de 2024 a 12 en 2025 (+71,4%), y Burgos, que sube de 12 a 20 (+66,7%).

Distribución geográfica de dispositivos activos* por provincias. Observatorio de Violencia de Género

El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos se implantó en 2009 y, hasta la fecha, acumula 21.036 instalaciones en toda España.

La tecnología, gestionada a través del centro Cometa, conecta directamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: si el agresor manipula el dispositivo, se acerca a la víctima o el aparato pierde cobertura, se activa el protocolo de emergencia.

El problema es que este engranaje ha mostrado fallas graves como se ha podido saber en la última semana.

La Fiscalía General del Estado reconoció que en 2024 hubo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” debido a errores en los datos de seguimiento, lo que dejó a muchas víctimas en situación de mayor riesgo.

Aunque la propia Fiscalía asegura que “el problema quedó resuelto a finales de 2024 y en 2025 no ha habido incidencias”, la confianza en el sistema quedó tocada.

Los propios jueces se han hecho eco de estas deficiencias. En marzo de 2025, los presidentes de las audiencias provinciales reclamaron “la revisión urgente de las disfunciones técnicas” de las pulseras y la ampliación del personal del centro Cometa, alertando de que los fallos de localización o las manipulaciones de los agresores “pueden dejar desprotegidas a las víctimas”.

Por su parte, la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha defendido públicamente la fiabilidad del sistema y vuelve a caer en el discurso fácil del bulo para criticar a los que hacen públicas estas carencias.

En Valladolid aseguró que los fallos fueron “puntuales”, que afectaron a “menos del 1% de los casos” y que “la seguridad de las mujeres estaba garantizada antes, lo está ahora y lo seguirá estando”.

Sin embargo, las declaraciones del Gobierno contrastan con las críticas de asociaciones y profesionales de la justicia. La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) denunció la “falta de eficacia y fiabilidad” de los dispositivos, señalando “retrasos intolerables” en las alertas que comprometen directamente la seguridad de las víctimas.

La oposición (PP) reclama su dimisión, calificando la gestión como negligente. También asociaciones judiciales han alertado de que los fallos técnicos, los retrasos en alertas o localizaciones erróneas pueden dejar a víctimas en situaciones de riesgo.

España cuenta actualmente con 4.515 dispositivos activos, de los cuales más de 200 están en Castilla y León. Si se observan las tasas por millón de mujeres mayores de 15 años, los niveles más altos se concentran en Andalucía (431,0) y Canarias (379,6).

En la escala provincial destacan Almería (1.131,9) y Granada (1.076,9), muy por encima de la media.

El patrón resulta claro desde el Gobierno. Cada vez que emergen dudas sobre el funcionamiento efectivo del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género, la respuesta oficial ha tendido a minimizar el problema, tratarlo como algo excepcional o técnico e invocando estadísticas pequeñas.

Redondo, otra polémica

De esta manera, Ana Redondo, la ministra vallisoletana de Igualdad, vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por los fallos en el sistema de pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores.

Pero no es la primera vez que su gestión provoca polémica. Hay que recordar que en su mandato, Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, fue cesada en 2024 tras sospechas sobre contratos supuestamente adjudicados irregularmente para gestionar puntos violeta mediante empresas vinculadas o que compartían relación con su pareja.

Redondo defendió que el cese respondía a la necesidad de un "nuevo impulso" al instituto, pero la oposición denunció que resultaba poco creíble desvincular el cambio de la polémica.

También ha estado en el centro de todas las miradas en el caso del futbolista Dani Alves e incluso, la ex de Igualdad, Irene Montero la ha cargado por lo que considera mensajes que restan importancia a las denuncias de violencia sexual cuando se habla de “valoración tras la sentencia”.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha calificado de “una chapuza más” del Gobierno de España los fallos en las pulseras. 

Respecto a preguntas de los periodistas sobre si la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería presentar su dimisión, la consejera de Familia, Isabel Blanco,  ha vuelto a insistir en que se trata de “una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez”.