El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; junto al alcalde de Turégano, Juan Montes; la Diputada de Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; visitan las obras de rehabilitación del castillo de Turégano ICAL
Suárez-Quiñones defiende al sector privado para impulsar la vivienda protegida y atiza al Gobierno
La Junta revisa precios para que la vivienda protegida no sea un negocio ruinoso para los constructores: “Es una realidad innegable derivada del aumento del coste de materiales y mano de obra”.
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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido hoy en Segovia que la reforma de la orden de precios que impulsa la Junta de Castilla y León busca revitalizar el mercado del alquiler y la venta de vivienda en la Comunidad
Lo hace facilitando el acceso a precios "razonables" sin afectar al parque de viviendas públicas ya alquiladas por la administración.
Durante su intervención, el consejero ha subrayado que la medida pretende incentivar la participación del sector privado en la construcción de viviendas protegidas, ya que actualmente, lamentó que “no se construyen viviendas de promoción privada” debido a que el módulo de precios vigente no resulta rentable para los promotores.
“Es una realidad innegable derivada del aumento del coste de materiales y mano de obra”, explica Suárez-Quiñones, quien señala que la Junta trabaja para corregir esta situación y lograr que “no haya pérdida” para los constructores, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas con precios limitados en venta y alquiler.
El consejero defiende que la vivienda protegida no puede recaer únicamente en la administración pública y recalca la necesidad de sumar esfuerzos con el sector privado, con especial atención a los jóvenes y al medio rural, donde la Junta ofrece ayudas a la hipoteca y avales para los préstamos.
Asimismo, ante las críticas de la oposición, aseguró que la reforma se ha diseñado teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y reitera el compromiso del Gobierno autonómico de seguir trabajando para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.
Contra el Gobierno
Por otro lado, Suárez-Quiñones critica con dureza la política de vivienda del Gobierno de España, a la que calificó de “negativa y contraproducente”.
Según el consejero, la normativa estatal “retrae al mercado” con medidas intervencionistas y “confiscatorias” que, en su opinión, han fracasado en otros países europeos. “Hay dos formas de hacer política: buscar soluciones o no hacerlo. Y el Gobierno central ha optado por la segunda”, sentenció.
Finalmente, denuncia que Castilla y León no ha recibido ninguna actuación estatal para construir nuevas viviendas, a pesar de que el Ejecutivo central prometió poner a disposición de las comunidades más de 180.000 inmuebles.
Frente a ello, la Junta asegura haber puesto en marcha más de 3.000 viviendas en régimen de alquiler y venta, con especial atención a los jóvenes y al entorno rural.
