Primer toque de atención desde Europa a la supresión de las paradas del AVE en CyL: “Es un gran paso”

La lucha contra la decisión de Renfe de eliminar paradas del AVE, tal y como exigió el alcalde de Vigo, sigue su curso.No solo desde las calles, como las últimas protestas vividas, también desde los despachos de Europa. 

El coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado este jueves en la Plaza de la Constitución de Zamora que el servicio de asesoramiento jurídico de la Comisión Europea ha emitido un informe que avala la reclamación presentada por su formación política frente a la supresión de paradas del AVE en la comunidad.

Según ha explicado Llamas, este informe concluye que la decisión del Gobierno de España de suprimir las paradas en Medina del Campo, Segovia y, especialmente, Sanabria, “podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea”.

“El servicio de asesoramiento señala que esta decisión podría contravenir el principio de cohesión territorial recogido en el Tratado de Funcionamiento de la UE, así como la regulación sobre fondos europeos y la Carta de los Derechos Fundamentales”, ha explicado el dirigente autonómico.

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Aunque el informe no tiene carácter vinculante, Llamas ha subrayado su “rigurosidad jurídica” y su potencial como respaldo político y legal para una futura reclamación formal ante las instituciones europeas, por lo que lo ha calificado de "un gran primer paso" para evitar la medida tomada por el ministerio de Óscar Puente a través de Renfe.

Ultimátum al Gobierno

Podemos Castilla y León ha decidido conceder un plazo de 15 días al Gobierno de España para revertir su decisión antes de presentar oficialmente la reclamación ante la Comisión Europea.

“Todavía estamos a tiempo de evitar un conflicto institucional. Ofrecemos soluciones donde otros ponen problemas”, ha afirmado Llamas.

En caso de que el Ejecutivo no rectifique en ese periodo, la formación morada procederá a registrar su queja ante Bruselas, esta vez de manera formal y con el aval del informe europeo en la mano.

“Tenemos un documento con fundamentos jurídicos sólidos. Si el Gobierno no rectifica, lo presentaremos. Pero queremos agotar la vía del diálogo primero”, ha reiterado.

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Llamas ha querido aclarar que, aunque el informe proviene de un órgano asesor no vinculante, su origen en un servicio financiado y gestionado por la UE le otorga una gran legitimidad.

“No es una resolución de la Comisión Europea, pero tiene una gran fuerza política y puede influir en que la Comisión actúe. Además, refuerza nuestra posición jurídica si el caso llega a tribunales”.

Según ha añadido, el informe plantea que el uso de fondos europeos para financiar infraestructuras como el AVE implica obligaciones respecto a su uso previsto y su impacto en el territorio. Alterar el servicio sin justificación suficiente podría constituir una infracción del Derecho europeo.

Llamas insta al Gobierno a reconsiderar su decisión: “Rectificar es sencillo. Tenemos que dejar de hablar de recortes y empezar a hablar de avances en Castilla y León”.