Dos directivos de un grupo empresarial segoviano, en el punto de mira por presunta estafa procesal

Tres empresarios europeos, acreedores de la histórica farmacéutica Laboratorios Ovejero S.A.U., han presentado una querella ante los juzgados de León por presuntos delitos de estafa procesal y alzamiento de bienes, señalando como responsables a varias sociedades y personas físicas relacionadas con un grupo empresarial gallego.

También han señalado a la firma Archer Partners, dedicada al asesoramiento financiero y al Grupo Tejedor Lázaro–Dibaq, al que el texto de la querella considera como testaferro de esta operación. La querella, registrada el 22 de abril pasado, sostiene que los tres denunciantes habrían sido víctimas de una maniobra fraudulenta en el marco del proceso concursal de Laboratorios Ovejero.

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El empresario Carlos Tejedor, propietario de Dibaq y la directora general de Derwent Group, Sofía Arévalo han sido acusados de participar presuntamente en "maniobras" para favorecer como testaferro al principal grupo comprador beneficiado en el concurso.

La querella

Según el escrito, dicha operación habría permitido a una empresa biofarmacéutica obtener un lucro directo estimado en más de 1,6 millones de euros, afectando de forma directa a decenas de pequeños acreedores, trabajadores y proveedores. El texto entregado al juzgado señala que en agosto de 2021, Laboratorios Ovejero fue adquirida por una empresa biofarmacéutica gallega.

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Según los hechos expuestos en la querella, en agosto de 2021 la farmacéutica Laboratorios Ovejero fue adquirida por una empresa biofarmacéutica con sede en Galicia. A continuación, otra empresa denominada Eagle Heat S.L. —vinculada al Grupo Tejedor Lázaro— compró créditos por más de 5,2 millones de euros a distintos acreedores del laboratorio, incluyendo derechos hipotecarios.

Poco después, Eagle Heat votó favorablemente una propuesta anticipada de convenio que contemplaba una quita del 50 % y una espera de tres años, lo que permitió su aprobación judicial en septiembre de 2023, al superar el umbral necesario de apoyos.

Eagle Heat S. L., cuenta la querella, tiene dos socios. Uno de ellos posee el 0,006% del capital social. El otro es Grupo Tejedor Lázaro, con el 99,994 % del capital social.

Al iniciarse el año 2022 Laboratorios Ovejero tenía deudas que sólo contando con los acreedores que podían votar en el concurso, ascendían a 8.926.894,85 €. Pero entre estos acreedores no estaba Eagle Heat S. L.

Si bien es más tarde, en los meses de enero, marzo, junio y los primeros días de julio de 2022 que esta firma compra créditos a distintos acreedores de Laboratorios Ovejero por un importe de 5.215.090,84 euros.

En julio de ese año, Laboratorios Ovejero presenta demanda de concurso voluntario de acreedores y adjunta propuesta de convenio con espera de tres años y quita del 50%.

Se unieron a la propuesta varios acreedores con créditos por un importe 5.560.367,40 euros, de manera que Eagle Heat se convierte en el acreedor principal y decisivo a efectos de aprobación del convenio pues la suma de sus créditos, por sí sola, representa el 93,79% (5.215.090,84 euros y supone un porcentaje superior al 58% del pasivo.

Una maniobra "incomprensible"

Los querellantes señalan en su escrito al juzgado que para representar tan alto porcentaje Eagle Heat realizó "una maniobra incomprensible. Compra créditos de una empresa insolvente para someterlos a una quita del 50% y espera de 3 años.

Además, tenía un crédito privilegiado con garantía hipotecaria y realizable separadamente del concurso, por importe de 1.789.809,33€. Pues bien, renunció al rango de dicho crédito a cambio de imponer la aceptación del convenio" resaltan en su argumentación.

Los promotores de la querella resaltan que durante el año 2022 se detectaron diferentes préstamos y movimientos entre sociedades del grupo biofarmacéutico gallego y del Grupo Tejedor Lázaro por valor de más 4.305.000 euros.

Una conducta "difícil de entender"

La querella precisa que esa conducta de Eagle Heat resulta difícil de entender, ya que "adquiere créditos con la planificada voluntad de no cobrar sino la mitad de su importe, y eso al cabo de tres años, y renuncia al rango del crédito más cuantioso" razona el texto de la querella, que añade sin embargo, esta conducta aparentemente extraña se comprende si se observa lo que ocurrió posteriormente.

Supuesto "engaño"

Los querellantes firman que, con esto, tanto Laboratorios Ovejero como sus nuevos dueños ganan mucho, "puesto que han impuesto a través de un testaferro, Eagle Heat y el Grupo Tejedor Lázaro un convenio que el Juzgado de lo Mercantil no hubiera aprobado de haber sido visible que el grupo biofarmacéutico gallego actuaba simultáneamente en dicho convenio como acreedor y como deudor".

La querella afirma que así, "todo lo que gana el comprador final lo pierden los acreedores minoritarios a los que se les impone un convenio de condiciones leoninas. Conforme a Ley, el Juzgado no dejó votar los créditos de los que era titular el comprador, pero no podía hacer lo mismo con los créditos ocultos adquiridos por este grupo, ya que se desconocía.

"De todo lo anterior se deduce que Eagle Heat no fue sino un testaferro del grupo comprador, con el que consiguió engañar al Juzgado para que aprobara un Convenio mediante una mayoría ficticia" concluyen los querellantes.

Pérdidas millonarias

Los querellantes cifran su perjuicio en más de 72.800 euros más intereses, pero el daño podría extenderse a cientos de pequeños acreedores, incluidos antiguos trabajadores y suministradores del laboratorio.

La supuesta estafa habría permitido al grupo comprador eliminar la deuda real a precio de saldo y con ventaja procesal, mientras los verdaderos acreedores han visto reducido a la mitad su derecho de cobro, y con años de espera por delante.

Además de la petición de apertura de diligencias penales, los querellantes han solicitado al juzgado la declaración como investigados de los responsables de Archer Partners implicados en la operación incluyendo en las diligencias a Carlos Tejedor Lázaro, presidente ejecutivo de Dibaq y a la directora de General de Derwent Group, Sofía Arévalo.

También se pide la práctica de diligencias notariales, documentales, bancarias y fiscales que permitan determinar la trazabilidad de los créditos y el beneficio económico real obtenido. En la demanda se incluye la solicitud de apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y el embargo preventivo de bienes de los querellados.