El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Eduardo Margareto ICAL

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Carriedo defiende que “en Castilla y León y en España los inmigrantes son necesarios para la actividad productiva”

La Junta defiende la necesidad de la inmigración regulada y critica la falta de diálogo del Gobierno sobre el reparto de menores.

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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reivindicó este jueves el papel de la inmigración en el sostenimiento del modelo productivo, al tiempo que arremetió contra la gestión del Ejecutivo central en relación con el reparto de menores no acompañados.

Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el portavoz autonómico subrayó la importancia del colectivo extranjero en sectores clave y reclamó una mayor participación de las comunidades autónomas en las decisiones que les afectan.

“En Castilla y León y en el conjunto de España los inmigrantes son necesarios para la actividad productiva”, afirmó, para después preguntarse “qué sería de sectores como la construcción, la agricultura, el transporte y la hostelería sin ese colectivo”, que en Castilla y León está integrado por 98.500 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, “aportando con sus impuestos y esforzándose a diario para que Castilla y León pueda funcionar y ser competitiva”.

En ese sentido, Carriedo defendió que desde la Junta están “a favor de una inmigración ordenada y regulada, de personas que vengan a integrarse y trabajar”, destacando que “en Castilla y León existe un buen clima de convivencia” que se debe preservar “para evitar situaciones como la que se vive estos días en Torre Pacheco”.

El consejero alertó sobre los discursos extremos: “Hay que huir de ambos extremos, de quienes quieren deportar a todos los que no hayan nacido en España y de quienes no son partidarios de una inmigración ordenada y regulada”.

Y lanzó un mensaje directo a dirigentes de Vox: “En algún partido político que apuesta por la deportación masiva hay dirigentes con apellidos extranjeros”, citando a Frings, Smith o De Meer. “No quiero quitar derechos a nadie en función de cómo se apellide, porque todos los españoles somos iguales ante la ley”, añadió.

Además, subrayó que “no se puede poner ningún límite a la capacidad de integración y de convivencia”. “Cualquiera que venga a aportar es bienvenido, nosotros no miramos los apellidos de nadie”, sentenció. “En la Comunidad el clima de convivencia es absolutamente positivo y favorable”.

Críticas al reparto de menores

Preguntado por la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, prevista para este jueves y finalmente anulada tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Carriedo cargó contra la falta de diálogo del Gobierno central.

“El Gobierno no ha dado a las autonomías ninguna participación” en las decisiones sobre el reparto de menores no acompañados, denunció. “Lo que hace el Gobierno es pactar con los separatistas y luego querer imponer al resto sin escucharnos. Ya no queremos que se nos trate por tontos”, añadió. Según explicó, ni siquiera se logró acordar el orden del día.

“Pedimos votar y que se escuchara la voz de las comunidades y se denegó esa posibilidad. Pedimos información sobre por qué La Rioja, por ejemplo, se plantea que reciba a 205 menores y País Vasco, que está al lado, no recibirá ninguno. No se quería dar ninguna información ni documentación sobre los criterios seguidos en el reparto, solo se buscaba imponer los acuerdos con los separatistas”.

Carriedo confirmó que Castilla y León ha presentado un recurso contra esta decisión, que ya ha sido admitido a trámite. “Somos bastantes autonomías de todo signo político las que no entienden que esto se haga a partir de un criterio de desigualdad y solo se pretenda imponer el reparto”, señaló.

A su juicio, la sectorial habría sido “un mero trámite”, pues ya se les había advertido de que el acuerdo se trasladaría sin cambios al Consejo de Ministros. “Los criterios de distribución no han sido clarificados. Queremos participar, pero en esta ocasión el Gobierno ha decidido no dar participación, quizá porque tengan un acuerdo que no pueden explicar y no quiere trasladar al resto de autonomías”, concluyó.