La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia
La Junta planta al Gobierno y no acudirá a la reunión sobre el reparto de menores: “No son moneda política”
Rechazan asistir a la Conferencia Sectorial convocada por Infancia y Juventud por la “falta de diálogo” y la “imposición” del Ejecutivo central.
Más información: Isabel Blanco, sobre el reparto de menores migrantes: “No puede ser un chantaje de los socios del Gobierno”
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Castilla y León no enviará mañana ningún representante a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, prevista a las 9:30 horas en Madrid.
La Junta planta al Gobierno central en señal de protesta por lo que califica como un “proceso unilateral y sin consenso” en el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
La ausencia, según fuentes del Ejecutivo autonómico, responde a una “imposición permanente” del Ministerio de Juventud e Infancia y a un orden del día que consideran “ilegal”, ya que fue rechazado en la comisión sectorial previa, en contra de lo que establece el reglamento interno de este tipo de encuentros.
“Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a las que hay que proteger, no escudos para resolver urgencias parlamentarias”, sostienen desde la Junta, en un duro comunicado en el que acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con irresponsabilidad.
“Nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés del presidente del Gobierno”, subrayan.
La Junta también denuncia que el reparto diseñado por el Gobierno responde a criterios “arbitrarios”, sin consenso y con una clara intención de dejar fuera a comunidades como Cataluña y País Vasco, gobernadas por partidos nacionalistas.
“Este modelo sólo busca enfrentar a las autonomías”, afirman.
Además, el Ejecutivo autonómico advierte de un posible “colapso” de los sistemas de protección si se obliga a asumir la llegada de nuevos menores sin planificación ni recursos.
“Estamos al límite. Sería inviable prestar una atención personalizada en macrocentros improvisados, que dificultan la integración”, aseguran.
Otro de los puntos más críticos es la falta de garantías para la determinación de la edad real de los menores. “El Estado no puede incentivar el fraude. Si no hay control, se desvirtúa todo el sistema de protección”, recalcan.
También acusan al Gobierno de “desentenderse” de un problema que debe asumir con medios y financiación propios, especialmente en situaciones como las que viven Canarias o Ceuta.
Recuerdan, en este sentido, que el acuerdo de septiembre de 2024 y la posterior Declaración de Asturias ya recogían el compromiso estatal de asumir estos casos.
Finalmente, la Junta insiste en que el Real Decreto-Ley 2/2025, recientemente aprobado y ya recurrido ante el Tribunal Constitucional, vulnera el reparto de competencias.
“La tutela y protección de menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No se puede gobernar a golpe de decreto saltándose la legalidad”, concluyen.
