La Junta no descarta acudir a la Justicia contra Renfe para evitar la supresión de paradas de AVE

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha expresado su rechazo al planteamiento de Renfe de eliminar varias paradas de tren en la comunidad autónoma y también a la propuesta de Renfe de que si quieren que sigan que se pague.

La empresa ferroviaria ha propuesto la supresión de frecuencias de alta velocidad en distintas localidades, lo que ha generado un profundo malestar en el Gobierno autonómico.

Sanz Merino ha criticado duramente la medida, calificándola de "unilateral" y "fuera de lugar", y ha rechazado frontalmente la opción planteada por Renfe de que la Junta y la Diputación de Zamora financien el mantenimiento de las paradas.

Zamora, víctima del ferrocarril a la carta: Renfe ofrece soluciones solo si pagan las tres administraciones

“No lo compartimos. El problema lo ha creado Renfe y nosotros no tenemos que solucionarlo con dinero. Es una decisión unilateral de ellos y no tiene sentido que tengamos que asumir un coste por ello”, ha afirmado el consejero.

Según confirmó Álvaro Fernández Heredia, la medida contempla la eliminación de seis frecuencias de tren de alta velocidad en Segovia, dos en Medina del Campo (Valladolid) y otras dos en Puebla de Sanabria (Zamora).

Desde la Junta no descartan emprender acciones legales para frenar la supresión de paradas, aunque advierten que primero deberá hacerse efectiva la decisión, algo que, todo indica, podría ocurrir ya en el próximo mes de junio.

Izquierda Unida intentará paralizar a través del Congreso la supresión de paradas del AVE en Castilla y León

“No descartamos ninguna medida pero, ahora, es un tema de voluntad política, que la decisión puede bascular hacia un lado u otro. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos de Castilla y León”, ha explicado Sanz Merino, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero ha reclamado un trato equitativo entre comunidades autónomas y ha cuestionado por qué Castilla y León debe asumir costes que no se exigen en otras regiones como Cataluña.

Sanz Merino recordó que los Rodalíes (Cercanías de Cataluña) recibirán una subvención, por el traspaso, de 300 millones de euros, que sumarán a los 1.200 millones en inversiones en la propia infraestructura. “Son magnitudes tan separadas, desde el punto de vista cuantitativo, que cuando las ponemos en el ámbito cualitativo, caen por su peso”, manifestó.

“¿Qué diferencia hay entre Cataluña y Castilla y León? No entendemos esta discriminación. Tenemos razones para estar molestos. No se puede amparar esta situación, ni obligarnos a pagar por un servicio esencial”, ha subrayado.