Castilla y León, Asturias y Galicia reeditan la Declaración de Santiago para exigir una financiación justa y en igualdad

Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Asturias, Adrián Barbón; y de Galicia, Alfonso Rueda, han renovado su compromiso con la Declaración de Santiago de Compostela de 2021, firmada por ocho comunidades autónomas para exigir una reforma del modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad entre territorios.

Durante su intervención en el Foro del Noroeste, celebrado este martes en la Ciudad de la Cultura de Santiago y organizado por Prensa Ibérica, los tres mandatarios coincidieron en que el debate sobre financiación no es ideológico, sino territorial, y subrayaron la necesidad de establecer un sistema justo que tenga en cuenta las particularidades de regiones como las suyas, marcadas por el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la complejidad orográfica.

Fernández Mañueco defendió que el próximo Gobierno debe abordar la reforma escuchando y negociando con todas las autonomías. “Núñez Feijóo será el que lidere ese proceso desde La Moncloa”, vaticinó, reivindicando además la igualdad como principio clave del sistema. Aseguró que defenderá los intereses de Castilla y León con firmeza, dejando claro que no renunciará a sus principios ni a su compromiso político: “No voy a cambiar ni de valores ni de partido hasta que me muera”, sentenció.

Por su parte, el presidente asturiano Adrián Barbón, de signo socialista, defendió también la vigencia de la Declaración de Santiago y abogó por una reforma que mantenga el nivel actual de financiación para todas las comunidades. “Este debate requiere más recursos y una base de partida justa para que nadie pierda”, explicó, recordando que las entregas a cuenta han aumentado entre un 25 y un 30% desde 2019. Aun así, reconoció que la actual polarización política complica cualquier consenso.

Desde Galicia, Alfonso Rueda expresó su escepticismo sobre la posibilidad de lograr una nueva financiación autonómica mientras el Gobierno central, en su opinión, priorice acuerdos bilaterales con una parte del territorio. “Así es imposible negociar una reforma de verdad. Se necesita fortaleza y altura de miras, y ahora mismo no se dan las condiciones”, lamentó.

Los tres líderes coincidieron en que el coste efectivo de los servicios debe ser el criterio fundamental del nuevo modelo, frente a la simple variable poblacional, y recalcaron que comunidades gobernadas tanto por PP como por PSOE comparten esta visión. Un modelo de financiación que tenga en cuenta la realidad de territorios como Castilla y León, Asturias y Galicia, insisten, es imprescindible para garantizar la cohesión territorial y la equidad entre todos los españoles.