PP y Vox reformarán la Ley de Sanidad Animal. Así se ha confirnado hoy en las Cortes dando luz verde a la proposición para modificar por el procedimiento de urgencia su artículo 3, donde se define la figura de veterinario autorizado. Una ley que cuenta con más de 30 años de antigüedad.

Presentada por PP y Vox, hoy se ha dado el primer paso en las Cortes para ser llevado a un próximo pleno por lectura única y sin aceptar enmiendas. El objetivo es adaptar la normativa a las necesidades “reales” de enfermedades como la tuberculosis o la EHE.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de todo el Hemiciclo, incluido el PSOE, excepto la abstención del Grupo UPL-Soria Ya y los procuradores Francisco Igea y Pablo Fernández (Podemos).

Esta proposición de ley, tiene también como objetivo "garantizar" la aplicación de la legislación en materia de sanidad y bienestar animal y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales "han de ser efectuados por personal que sea independiente", es decir, que no tenga ningún conflicto de intereses, y en particular que no se encuentre en una situación que, directa o indirectamente, "pueda afectar a su capacidad para desempeñar sus funciones de manera imparcial".

Además, define la figura de veterinario autorizado o habilitado como el licenciado en veterinaria reconocido por la autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se establezcan, en consonancia con la normativa europea, algo que la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, no contempla en su redacción actual.

Del mismo modo, se garantiza la necesidad de que los profesionales veterinarios que realicen actuaciones al amparo de dicha regulación cumplan con las exigencias de imparcialidad y de ausencia de conflicto de interese.

Así, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha defendido que desde su formación “siempre se apoyará al mundo rural, a la industria y a las pequeñas explotaciones”. A su juicio, esta iniciativa tiene como objetivo “garantizar la aplicación de la legislación en materia de sanidad y bienestar animal y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales deben ser efectuados por personal que sea independiente”.

Asimismo, el ‘popular’ Óscar Reguera ha recordado que esta ley que se pretende modificar, en la que él mismo participó hace tres décadas, fue la primera de Sanidad Animal que se aprobó en España. “Castilla y León dispuso de una ley moderna adaptada al marco constitucional”, comentó.

No a Igea

Por otro lado, la proposición de ley presentada por Francisco Igea para modificar la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de Castilla y León en lo relativo a la composición de los miembros de la Comisión de Ética Pública ha sido rechazada. Como era de esperar PP y Vox la han tumbado, aunque ha contado el respaldo de toda la oposición.

Igea pedía que los tres expertos en ética pública que tiene la Junta sean elegidos por tres quintas partes de los procuradores de las Cortes de Castilla y León y no por la propia Junta como ocurre ahora. Así, toda la oposición coincidió en que esta comisión “adolece de falta de imparcialidad”. Algo que no fue respaldado por Ignacio Sicilia (Vox) para quien el cambio responde a una “pataleta” del exprocurador de Ciudadanos para “tapar su transfuguismo”. Como ya es habitual, el PP no le dio replica, lo que fue aprovechado por Igea para acusarles de mantener el “acoso” y la “venganza” hacia su trabajo parlamentario.