El sueldo del procurador Francisco Igea se encuentra en peligro a pesar del cambio del reglamento del Grupo Mixto anunciado por el ex de Ciudadanos la semana pasada con la intención de mantener la dedicación exclusiva tras su expulsión del partido. Vox ha solicitado a la Mesa de las Cortes de Castilla y León una modificación del acuerdo de procuradores no adscritos del año 2021 para que, con su nueva condición de procurador no adscrito, el representante por Valladolid no pueda optar a esa dedicación exclusiva.

El partido ha apelado al acuerdo de abril de 2021 donde se señalaba que los procuradores no adscritos "no podrán ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva" pero "tendrán derecho a percibir las compensaciones e indemnizaciones por gastos con carácter general por asistencias a sesiones y reuniones". Vox ahora pretende incorporar un nuevo apartado en el que se afirme que "lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a aquellos procuradores que hayan sido expulsados o hayan abandonado los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores que los presentó a las correspondientes elecciones".

El resultado de la incorporación de ese punto provocaría que Igea no pudiera, a partir de ahora, optar a la dedicación exclusiva que alternaba, como portavoz rotatorio del Grupo Mixto, con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

La formación ha denunciado en un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León que "lejos de renunciar a su acta de procurador para respetar la voluntad de sus electores, haciendo gala de un deleznable comportamiento ético, no solo pretende agarrarse a la laguna legal para seguir gozando de los privilegios de portavoz del Grupo Mixto, sino que ha procedido a registrar el pasado día 20 de febrero de 2024 un cambio del reglamento interno de dicho grupo para adaptarlo a su propia realidad de procurador expulsado de su formación política y así poder seguir cobrando su dedicación exclusiva por representarse a sí mismo".

Además, Vox ha señalado que tal comportamiento "constituye un acto de corrupción política que socava los pilares del principio de representación sobre el que se asienta el sistema democrático". "La actuación tránsfuga viene presidida por la voluntad de desligarse de la disciplina del partido por el que se concurrió a las elecciones, ignorando así la voluntad de los electores que, por exteriorizarse a través de un sistema de listas cerradas, solo puede interpretarse en clave partidista. El transfuguismo conllevaría así el efecto de falsear la representación política al privar a la lista votada de su capacidad de actuación en el marco institucional", han afirmado.

Fuentes del partido han indicado a este medio que, tras el informe de los Servicios Jurídicos que reconocia su condición de tránsfuga, "que sería suficiente para entregar su acta si tuviera algo de dignidad" no solo no lo hace "si no que además registra el cambio de reglamento del Grupo Mixto para poder seguir siendo portavoz adjunto y cobrar una dedicación exclusiva", ha señalado.

El partido ha afirmado que la pretensión de Igea es "que se de la circunstancia de que alguien que ha sido expulsado de su partido, y que reúne los requisitos para ser considerado tránsfuga según recoge el informe, cobre una dedicación exclusiva por representarse así mismo".

Una petición de Vox que tiene visos de tener recorrido, ya que los populares y la formación de Juan García-Gallardo tienen la mayoría absoluta en la Mesa de las Cortes, y que dejaría al procurador no adscrito Francisco Igea sin dedicación exclusiva en la Cámara.