El impacto económico de las universidades públicas de Castilla y León se fija en el 1,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, por debajo del 2,1 por ciento de lo que supone en el conjunto de España. En todo caso, el peso de las cuatro instituciones académicas de la Comunidad (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) es el séptimo mayor de España, por detrás de Andalucía (2,9 por ciento), Cataluña (2,7), Canarias y Madrid (2,2, en cada caso) y Galicia (1,9 por ciento). Además, aparece por delante de otras regiones como País Vasco (1,5 por ciento) y Aragón y Extremadura (1,4 por ciento, en ambas). 

Un estudio encargado por el Ministerio de Universidades, consultado por la Agencia Ical, destaca que las universidades de Castilla y León facturaron un total de 1.681 millones de euros, con datos de 2021, mientras que en todo el país ascendió a 41.056 millones. De ese montante, 23.777 millones fueron en términos de contribución al PIB; 15.765 millones en rentas salariales y 438.926 empleos a tiempo completo. 

Al existir campus universitarios en todas las provincias, la facturación se reparte entre los 537 millones en Salamanca, los 389 millones en Valladolid, los 251 millones en León y los 206 en Burgos. Se completan con los 70 millones de euros en Segovia, los 63 millones en Palencia, los 61 en Ávila, los 57 en Zamora y los 45 millones en Soria. En este sentido, cinco de las siete de las provincias españolas con un impacto inferior a cien millones de euros son de la Comunidad, junto a Teruel y Cuenca. 

Hay diferencias por territorios ya que la Universidad de Salamanca (Usal) es la segunda institución académica española con mayor impacto económico en su provincia, al suponer el 4,8 por ciento de su PIB. La clasificación está liderada por la Universidad de Granada (UGR), con el ocho por ciento. A continuación, aparecen Girona y Sevilla, con el 3,5 por ciento.

Castilla y León aporta el el 4,1 por ciento del impacto que genera el Sistema de Universidades Públicas Españolas (Supe). Es un porcentaje que está muy lejos de los territorios con más peso como Cataluña (23,4 por ciento), Madrid (21,2 por ciento) y Andalucía (18,1 por ciento). No en vano, entre las tres acaparan más del 62 por ciento. En el lado de opuesto, aparecen territorios con escaso impacto (menos del uno por ciento) como Cantabria y La Rioja. En todo caso, son porcentajes “bastante” coincidentes con la tasa de alumnado.

El documento, elaborado por el grupo de investigación Análisis Cuantitativo Regional de la Universitat de Barcelona, analiza la contribución económica de las universidades públicas de cada comunidad autónoma, al evaluar la facturación, los puestos de trabajo que generan, la contribución al PIB y las rentas salariales y fiscales asociadas a la actividad universitaria. 

Y es que uno de los beneficios que general la actividad universitaria en el territorio es la generación de empleo. Las cuatro universidades públicas de Castilla y León contribuyeron a crear o mantener 20.381 empleos en equivalentes a tiempo completo, lo que supone el 2,1 por ciento del total de la población ocupada. Aquí, de nuevo, la Usal vuelve a estar muy por encima de la media regional, con el 5,8 por ciento de empleo. En el extremo opuesto, repiten Palencia, Zamora y Ávila, con una población ocupada menor al 1,3 por ciento.

Este número incluye tanto a los empleados directos de la universidad (por ejemplo, el personal docente investigador o el de administración y servicios) como los trabajadores derivados de su actividad (servicios de restauración y hostelería y proveedores de bienes y servicios). A nivel nacional, el impacto generado por el Supe beneficia a diversos sectores económicos, hasta el punto que aproximadamente el 70 por ciento de todo lo generado se concentra en sectores diferentes a la Educación. 

“Infrafinanciación”

El Ministerio destacó que este estudio pone de manifiesto que que la inversión realizada en el sistema universitario contribuye al desarrollo del país y produce un retorno a la sociedad de los fondos públicos que recibe. Por lo tanto, el ministro del ramo, Joan Subirats, apostó por revertir la situación de “infrafinanciación” de las instituciones públicas, no solo como forma de potenciar la formación docente, la investigación y la innovación sino también para contribuir a la riqueza de España. 

No en vano, el estudio concluyó que por cada cien euros de transferencias públicas recibidas, el sistema universitario produce 505 euros de facturación, 293 en PIB y 115 euros de rentas salariales. Es decir, se generan cinco euros por cada euro invertido.