La memoria histórica se ha convertido en los últimos meses en el principal punto de fricción entre los dos partidos que sustentan al Gobierno de Castilla y León, el Partido Popular y Vox. Después de casi un año de idilio entre ambas formaciones, en el que el entendimiento y el acuerdo ha sido la tónica dominante, esta cuestión se ha convertido en la principal piedra en el zapato del Ejecutivo ya que Vox esperaba más pasos de su socio en este sentido, aunque el documento del acuerdo rubricado en marzo de 2022 no hacía referencia alguna a la memoria histórica.

Empezado el año 2023, y después de casi un año desde que se conformó el Gobierno, el decreto de Memoria Histórica de 2018 sigue en vigor y no se ha derogado, como prometió Vox, mientras que la aprobación de la norma que debía sustiturle, el decreto de Concordia, sigue encallada y ambos partidos han reconocido "dificultades" para sacarlo adelante.

Los presupuestos autonómicos de este año siguen contemplando partidas para la excavación de fosas de la Guerra Civil y, mientras tanto, Vox ha propuesto este martes declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) un total de 190 vestigios de la contienda y del franquismo que, a su juicio, se encuentran "amenazados" por la Ley de Memoria Democrática. Una propuesta que el portavoz popular, Raúl de la Hoz, aseguró que "es lo que espera el PSOE" al servir, desde su punto de vista, como distracción de "lo que importa a los españoles".

Un decreto pionero en una región del PP

El decreto de Memoria Histórica de Castilla y León, de abril de 2018, fue una norma pionera en una autonomía gobernada por el PP, una formación que, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica nacional en 2007, se opuso de manera frontal a llevar a cabo cualquier iniciativa en este sentido. Cuatro años después, tras la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, el nuevo jefe del Ejecutivo no cumplió con su promesa electoral de derogar la Ley pero dejó sin fondos la búsqueda de fosas comunes de la contienda y otras medidas memorialistas en los presupuestos, hasta el final de su mandato, en junio de 2018.

El PP de Castilla y León, sin embargo, mostró desde un inicio una mayor sensibilidad ante la memoria histórica y se abrió al diálogo sobre esta materia. El decreto de Memoria Histórica de la Comunidad fue aprobado, finalmente, en el mes de abril de 2018, después de varios años de negociaciones entre el Ejecutivo autonómico del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019), las asociaciones de memoria de la región y también los sindicatos CCOO y UGT. La aprobación de este decreto conllevó, además, la formación del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un órgano que presidió desde sus inicios el sindicalista Ángel Hernández, de Comisiones Obreras.

La aprobación del decreto y la formación de este Consejo Asesor supusieron que se diera luz verde a una serie de medidas en materia de localización de fosas comunes, de exhumación y de identificación de los restos de represaliados republicanos durante la Guerra Civil y la posguerra. Los trabajos se fueron extendiendo por toda la Comunidad durante los años siguientes y culminaron en un gran acto celebrado en el Cementerio del Carmen de Valladolid en febrero de 2020, tras el que se inauguró un memorial que recoge los restos de un total de 245 víctimas del franquismo.

El anuncio del acuerdo entre PP y Vox, en marzo de 2022, y el posterior anuncio por parte de ambos partidos de que llevarían a cabo una normativa de concordia "para reconciliar a los españoles", en sustitución del decreto de memoria histórica, condujo a que el presidente del Consejo, Ángel Hernández, anunciase su dimisión.

La concordia que debía sustituir a la memoria histórica

PP y Vox se comprometieron a iniciar la tramitación de esa nueva normativa de Concordia antes de que acabase el primer periodo ordinario de sesiones en las Cortes de la legislatura, el 30 de junio del pasado año, y cumplieron. Ambas formaciones anunciaron el inicio de la tramitación de la nueva norma y quisieron mostrar su unidad, defendiendo los beneficios de esta medida para "unir a los españoles". Pero la aprobación de la medida terminaría sufriendo más escollos de los previstos.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, reconoció pocas semanas después del inicio de los trámites del decreto que su partido estaba teniendo "dificultades" para aprobar la nueva norma de Concordia con los populares. Gallardo aseguraba haber tralsadado "un borrador" al PP sobre el texto del nuevo decreto pero señalaba tener "dificultades" para ponerse de acuerdo y reconocía discrepancias en algunas "cuestiones formales". Casi medio año después el decreto de Memoria Histórica sigue en vigor y no se conocen avances sobre esa nueva normativa de Concordia.

La excavación de fosas cuenta con partidas en los presupuestos

Esas "dificultades" a la hora de sacar adelante el decreto de concordia, y las claras dudas del PP en relación a derogar un decreto que ellos mismos habían aprobado en 2018, se hicieron aún más evidentes tras la presentación de los presupuestos autonómicos.

La Consejería de la Presidencia, liderada por el popular Jesús Julio Carnero, anunció que la Junta se mantendría la colaboración con el Gobierno sobre esta materia a través del Plan Cuatrienal para el periodo 2021-2024, que otorgaba a la Comunidad un total de un millón de euros para la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil en este periodo, 240.000 de ellos de cara a ser ejecutados en el año 2023.

De esta manera, se mantenía la actuación de la Junta de Castilla y León para localizar, exhumar e identificar a las personas desaparecidas, y se aseguraba que se mantendría la colaboración con las universidades públicas de la región para fomentar diversos trabajos y estudios en esta materia.

Vox propone declarar como BIC 190 bienes y De la Hoz lo califica de "distracción"

Este mismo martes, varios procuradores de Vox han registrado una solicitud ante la Consejería de Cultura y Turismo para que se declaren como Bien de Interés Cultural (BIC) un total de 190 vestigios de la guerra civil y el franquismo que, a su juicio, se encuentran "amenazados" por la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática.

En concreto, la formación hace esta petición basándose en los artículos 18 y 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla y León, solicitando su inclusión en el inventario de bienes protegidos. Se trata, sobre todo, de placas, escudos, cruces, lápidas y vestigios similares que cuentan con elementos epigráficos que pueden servir como "fuente primaria" para los historiadores. Un polémico ejemplo es el azulejo de la Facultad de Derecho de Valladolid instalado en 1944 y dedicado al dictador Francisco Franco.

"Lo que hace la Ley de Memoria Democrática es un proceso de selección o de memoria selectiva, y la historia no puede ser selectiva", ha asegurado tras la presentación de la iniciativa el procurador de Vox David Hierro. La provincia de Valladolid es la que cuenta con un mayor número de bienes en esta lista, con un total de 62, Burgos cuenta con 27, Ávila con 24, Palencia con 23, Salamanca con 20, Zamora con 10, León y Segovia con nueve y Soria con seis.

Además, Vox ha anunciado que, una vez la Consejería de Cultura acepte su petición, presentarán en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) para culminar con la protección de estos bienes. En ese momento, el PP se verá obligado a mostrar públicamente su posición y confirmar si rompe con su pasado reciente en la Comunidad o si, por el contrario, frena a Vox en sus aspiraciones en una materia que se ha convertido en el mayor punto de fricción entre ambos partidos en Castilla y León.