La legislación sobre la memoria histórica en Castilla y León afronta un futuro incierto. La entrada de Vox en el nuevo Gobierno de coalición en la Comunidad, en virtud del pacto alcanzado con el PP el pasado 10 de marzo, ha generado una corriente de incertidumbre con respecto a un ámbito que siempre ha sido foco de los ataques de la formación dirigida en la región por Juan García-Gallardo –que será el nuevo vicepresidente de facto de la Junta tras el acuerdo– y ha provocado temor entre los principales sindicatos y las asociaciones memorialistas.

La derogación de la memoria histórica: un objetivo prioritario para Vox

Durante la campaña electoral, Vox fijó como cuestión prioritaria la derogación del decreto de memoria histórica autonómico, aprobado en abril de 2018, si el partido entraba a formar parte del Ejecutivo. Es cierto que el documento del acuerdo con el PP, presentado tras la constitución de las nuevas Cortes, no refleja la eliminación del decreto ni menciona en ningún apartado nada relativo a esta cuestión, pero Vox sigue insistiendo –a pocos días de que se concrete el reparto de consejerías y de que se produzca la investidura de Alfonso Fernández Mañueco– en que "hará todo lo posible" por suprimir "la legislación izquierdista sobre memoria histórica" que, a su juicio, existe en la Comunidad.

Este martes, el líder nacional del partido, Santiago Abascal, dejaba claro que los posicionamientos del partido con respecto a este tema no se han movido ni un ápice. "Derogaríamos todo si tuviéramos mayoría absoluta, pero formamos parte de una coalición. Tenemos los principios muy claros, pero creemos en el sistema democrático. Haremos todo lo posible para que desaparezca esa ideología de izquierdas que está presente en toda Castilla y León", aseguraba en una entrevista, tras ser preguntado por la memoria histórica.

Abascal insistía, además, en que a Vox "no le temblaría el pulso" a la hora de decidir abandonar el Gobierno si el PP incumple el acuerdo. El documento no refleja ninguna referencia directa a la memoria histórica pero presenta una mención velada a esta cuestión. El tercer eje de Gobierno entre PP y Vox apuesta por "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles". 

Esta referencia a la "reconciliación" alude claramente a la memoria histórica ya que, para la formación de Abascal, este tipo de legislación solo sirve "para reabrir heridas". "Nosotros honramos a todos los españoles que en cualquier bando y en cualquier época histórica pelearon, lucharon, se comprometieron porque creían lo hacían por una España mejor", afirmaba Abascal en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre la Ley de Memoria Democrática, en julio de 2021.

Cuatro años de un decreto pionero en una comunidad del PP 

El decreto de memoria histórica de Castilla y León ha sido una norma pionera en una comunidad del PP, un partido que, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica nacional en 2007, se opuso frontalmente a llevar a cabo cualquier política en este sentido. Cuatro años después, tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en noviembre de 2011, el nuevo presidente no cumplió con su promesa electoral de derogar la norma pero dejó sin fondos la búsqueda de fosas comunes de la Guerra Civil y otras medidas memorialistas en las sucesivas aprobaciones de los Presupuestos Generales del Estado, hasta su salida del poder en junio de 2018.

El PP de Castilla y León, sin embargo, mostró desde un inicio una mayor sensibilidad ante esta cuestión y se abrió al diálogo. El decreto de memoria histórica autonómico fue aprobado, finalmente, en abril de 2018, después de años de negociaciones entre el Gobierno autonómico del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019), las asociaciones memorialistas de la región y los sindicatos CCOO y UGT. La aprobación de la norma llevó consigo la conformación del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un organismo que presidió desde sus inicios Ángel Hernández, de Comisiones Obreras. 

La aprobación del decreto y la conformación del Consejo Asesor supusieron el pistoletazo de salida para una serie de iniciativas en materia de localización de fosas comunes, exhumación e identificación de restos de represaliados republicanos durante la Guerra Civil y la represión posterior. Los trabajos se extendieron por toda la región durante los años siguientes y tuvieron su colofón en el gran acto celebrado en el Cementerio del Carmen de Valladolid –donde se habían llevado a cabo varias exhumaciones– en febrero de 2020, con la inauguración de un memorial que recoge los restos de 245 víctimas del franquismo. En aquel acto estuvo presente el entonces vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en representación del Gobierno autonómico presidido por Mañueco.

El anuncio del acuerdo entre PP y Vox provocó que el presidente del Consejo, Ángel Hernández, anunciara su dimisión, ratificada este jueves en una rueda de prensa en la sede de CCOO en Valladolid. "Estar en el Consejo con Vox es imposible. Mi trayectoria personal, mi ética personal y mi ética democrática me impiden sentarme con miembros de un Gobierno donde está esta gente", aseguraba Hernández. El ya dimitido presidente hacía referencia también a los siguientes pasos que, a su juicio, quedan por darse en la región en esta materia. "Una vez finalizado el mapa de fosas deberían venir los trabajos de identificación, que ya se han venido haciendo, y después se debe hacer un censo", señalaba.

El dimitido responsable del Consejo comentaba, además, que hay varias iniciativas que estaban pendientes de concretarse y que quedan en riesgo tras la entrada de Vox en el Ejecutivo. En concreto, destacaba la colocación de una placa en el lugar en el que se ubicaba la Casa del Pueblo de Valladolid, al lado de la Catedral, donde más de 400 obreros fueron detenidos el 19 de julio de 1936, tras casi dos días de resistencia ante el asedio de las tropas franquistas.

Según las estimaciones proporcionadas por el mapa de fosas comunes elaborado por la Universidad de Burgos, Castilla y León alberga entre 6.000 y 7.000 víctimas de la represión franquista en fosas comunes, de las que se han exhumado alrededor de 2.000. La exhumación de las 5.000 restantes quedará en manos de la aún incierta decisión que tome el nuevo Gobierno de coalición sobre el decreto de memoria histórica y de si Vox consigue finalmente imponer sus pretensiones a Mañueco.