La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una imagen de archivo.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una imagen de archivo. ICAL

Región

La Junta carga contra la Ley de Familias por "invadir competencias y desregular las familias numerosas"

La Consejería lamenta en sus alegaciones al anteproyecto que "no se haya debatido en grupos de trabajo ni en las comisiones técnicas previas"

3 enero, 2023 11:30

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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha criticado este martes el anteproyecto de Ley de Familias impulsado por el Gobierno de España por "invadir competencias y desregular las familias numerosas". Además, ha lamentado en sus alegaciones al texto que "no se haya debatido en grupos de trabajo ni en las comisiones técnicas previas".

Además, ha criticado que no sólo se incumplen estos procedimientos ordinarios, sino que, por otro lado, se convoca un Consejo Territorial extraordinario el 3 de enero de 2023 y se "tiene conocimiento del documento el 23 de diciembre de 2022", lo que ha dado solo cuatro días hábiles a las comunidades para estudiar el contenido.

También ha denunciado que las alegaciones se deban realizar a través del correo electrónico sin someterse a debate y sin recibir respuestas del Ministerio de forma presencial. Por otro lado, ha considerado que la Ley afecta "a los órganos con competencia en materia de familias" y "a los competentes en materia de infancia, dependencia, educación, sanidad o vivienda".

Alegaciones

Por estos motivos, los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han presentado las alegaciones al anteproyecto, sosteniendo que el texto "incurre en una invasión de las competencias que tienen las comunidades en materia de familia" y que "debe modificarse su contenido".

Además, han asegurado que el texto "elimina la regulación estatal y la referencia a las familias numerosas" que, a juicio del departamento, "deben ser protegidas y promocionadas". También han denunciado que el anteproyecto puede llegar a "vulnerar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos".

Por último, han considerado que la ley "no prevé una financiación estatal suficiente" para poder afrontar "las obligaciones y requerimientos" previstos en anteproyecto.