Al drama ya vivido por las residencias cuando estalló la pandemia del Covid, se le unen las precarias condiciones que sufren los trabajadores. Con un sueldo bruto de 1.000 euros y sin aplicarse el correspondiente aumento salarial del 6,5% reconocido por la Audiencia Nacional, se le une la falta de personal y, muchos de ellos, carentes de titulación.

Pilar Gutiérrez, secretaria sociosanitaria y atención a la dependencia en UGT, explica las pésimas condiciones que está viviendo una parte del sector sociosanitario que ve cómo cada día va menguando su poder adquisitivo y se amplía, en muchos casos, la jornada laboral. Por ello, Pilar confía en que las condiciones mejoren tras la reunión que se celebrará el próximo 28 de septiembre.

A pesar de que la Audiencia Nacional ha reconocido la subida del 6,5% del salario, los empleados siguen sin verlo reflejado en sus nóminas. ¿En qué punto se encuentran?

Los trabajadores siguen sin cobrar la subida salarial. Las empresas defienden que no están publicadas y no van a abonar dicha subida. Desde UGT se ha pedido al Tribunal Superior de Justicia una reunión que tendremos el próximo 28 de septiembre en la Audiencia Nacional para la publicación de las tablas. Las empresas están alargando los plazos de pago, mientras que los trabajadores están muy indignados ya que todo está subiendo: el IPC está en un 10,58% y ellos siguen con un Salario Mínimo Profesional de 1.000 euros.

La situación para ellos es crítica. Aparte de sufrir por el Covid, ahora mismo no hay personal disponible para sustituciones. Muchísimas veces están doblando sus jornadas laborales y llega a un punto en el que la situación es caótica en algunas residencias.

¿Con qué plazos trabajan para lograr una solución?

Aquí son empresas privadas y cada una va a optar por la manera que mejor les convenga. Desde UGT se ha estado trabajando en el Convenio Marco Estatal para que hicieran frente a los pagos de esta subida salarial con carácter retroactivo por lo menos en dos periodos. Se tenía previsto en enero, febrero, marzo y, posteriormente, abril, mayo y junio. Estamos en agosto y la mayoría siguen sin cobrar esa subida, con lo cual no sabemos si se les obligará en un pago único o fraccionado, pero tienen que abonarlo ya que está reconocido. A todos los empresarios por no hacer frente a ese importe en el plazo establecido se les puso una multa de 1.000 euros. La mayoría han preferido pagar en vez de abonar la subida salarial a sus trabajadores.

¿Qué explicaciones les dieron las empresas?

Ellos alegan siempre que falta que esté publicado. El 20 de junio la Audiencia Nacional publicó la sentencia favorable hacia todos los trabajadores y toda aquella empresa que no lo abone tendrá una multa de alrededor de 1.000 euros. Hay empresas que han implementado una pequeña subida del 2 o 3% y le pone en concepto ‘subida salarial’ cuando no lo es. Los trabajadores están a la espera de que el empresario quiera realmente hacer frente a ese pago.

Esperamos que, tras la reunión del 28 de septiembre, una vez publicadas las tablas salariales, se lo tengan que abonar a cada uno de los trabajadores que tenemos en Castilla y León. Hay 702 residencias de las cuales 507 son privadas y más de 25.000 trabajadores a la espera. Están jugando con unas cifras elevadas y desde la Junta de Castilla y León ha salido la subida del 8% en función del coste que hemos tenido con el motivo de abonar los salarios de los trabajadores, no se está haciendo.

Pilar Gutiérrez durante la entrevista

Otro de los problemas es el intrusismo y el ejercicio de personas carentes de la titulación correspondiente.

Para entrar en una residencia deberías estar cualificado con unos mínimos preestablecidos. Para todos los trabajos se exige tener un mínimo de conocimientos. Desde el Covid, como hubo ‘manga ancha’ porque la situación era tan caótica, han dejado entrar a cualquiera. Con la situación actual: un salario precario, un tiempo de trabajo excesivo, realización de todo tipo de funciones y por todo ello, no se encuentra mano de obra. Da igual quien entre, ya se formarán y conseguirán su titulación en un momento determinado, pero hasta la fecha de hoy han dado permiso a entrar a empleados sin formación.

¿Qué perfil de personas acceden a estos puestos de trabajo?

Normalmente personas del sector servicios. Hay muchísimas mujeres extranjeras, sin formación la mayoría y que trabajan por necesidad ya que es su sustento y el de sus familias. Las personas tituladas entran a cuentagotas y exclusivamente en residencias para unas vacaciones o con contratos temporales.

¿A qué se debe la falta de personal?

Sobre todo, por el salario. Es uno de los puntos clave en casi todos los sectores. Ahora mismo se ve tanto en residencias como en ayuda a domicilio e incluso en camareros. Si la situación que hay es la de un salario mínimo y muchas horas de trabajo, la gente no está dispuesta. Buena parte de todo esto es debido a la situación y que, con gastos de combustible para desplazarse, a muchos no les compensa.

Se encuentran inmersos en la investigación de lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia.

Seguimos igual. Al no haber ahora inspectores de trabajo, la situación es la misma. La pandemia, que nos tendría que haber ‘puesto las pilas’, pero la realidad es que hemos vuelto otra vez para atrás. No se ha adelantado nada. Las inspecciones de trabajo en residencias tienen aviso previo y ese día funciona todo al 100%. El comedor está limpio, los aseos igual. Cuando se sabe que hay inspección, las empleadas doblan turnos o cambian para que ese día esté al máximo toda la plantilla. Así, las inspecciones se están pasando correctamente. Una de las mayores quejas que tienen las trabajadoras es que cuando hay una inspección las hacen doblar y estar para pasarla. El día a día del trabajo de los gerocultores, auxiliares de enfermería y todo aquel que trabaja en una residencia, es bajo mínimos y a contrarreloj.

Cuentan que el número de inspectores en la Comunidad Autónoma es de siete. ¿Cómo se justifica esa escasez?

No nos dicen nada. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones a la Junta de Castilla y León que pongan más inspectores y que haya más con gente profesional. Nos dicen buenas palabras, pero nos ‘dan largas’ a todos.

¿Con qué medios trabajan los sanitarios?

Aquí el pagano siempre va a ser el usuario: nuestros mayores junto con los trabajadores. Si tienes una persona con una enfermedad cognitiva con unos cuidados especiales y no hay personal para atenderla, el abuelo se queda aparcado en una habitación porque la trabajadora está haciendo otras funciones que no llega a poder cumplir con lo abordado. Los ratios de trabajo ahora mismo son mínimos y cada vez son más personas las que padecen enfermedades cognitivas que necesitan muchísima más atención. En la actualidad, si un auxiliar tiene que estar al cuidado de diez usuarios en una sala con personas asistidas -controlar que no se caigan, que no se muevan y hagan actividades- en vez de estar una persona, esa auxiliar tiene que estar disponible para esos diez y para el resto de los otros diez que tiene en otra sala con ancianos que tienen que dar un paseo, ir al servicio, etc.

A pesar de no dejar atrás el Covid, aparece la viruela del mono...

Nos preocupa. Te lo pasan a la prevención de riesgos y te están dando unas pautas como ocurrió con el Covid. Al final, cuando empiezan los casos más fuertes, se toman medidas. Ya ocurrió en la primera alerta, hubo un ‘que sí, que no’ y cuando se agravó se tomaron las medidas. Estamos viendo que en un principio no tiene porque ser tan contagioso como el Covid, pero la gente también fallece. De momento no nos constan casos.