El Grupo Parlamentario Vox se ha reunido hoy con presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para concretar sus propuestas para la reunión que mantendrá el próximo jueves, 28 de julio, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Fernández Mañueco se ha reunido hoy con todos los grupos parlamentarios para consensuar una agenda reivindicativa ante Sánchez.

En la reunión, a la que ha acudido el portavoz, Carlos Menéndez, Vox defiende una "alternativa global que constituya un auténtico cambio frente a las políticas del gobierno que vienen empobreciendo y enfrentando a los españoles. Alternativa conformada alrededor de la Agenda España, que representa la voluntad de un genuino cambio de timón en la dirección de la política de España".

Las principales medidas propuestas están encaminadas a abordar la "situación de emergencia" por la catástrofe provocada por los incendios y la crisis económica que afecta a la Comunidad. En este sentido, pide que se agilice la tramitación de las distintas ayudas económicas para los afectados de las zonas catastróficas por los incendios de Zamora y de otras provincias.

En el apartado de protección del Medio Natural destaca la petición de "incrementar las penas contra los pirómanos y contra cualquier agresión grave que atente contra la masa forestal española", y la negativa a que la conservación y mejora del medio natural recaiga "sobre el hombro de los españoles, y mucho menos en forma de impuestos verdes", y reivindica que "frente al ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites que prescinden de las personas, la conservación de espacios naturales y protegidos no puede realizarse perjudicando a las comunidades locales y los modos de producción tradicionales. Apuesta por una ley y un organismo únicos encargados de la protección del medio natural en toda España, garantizando la eficacia y la unidad de mercado. 

Además, Vox aboga por un incremento en la capacidad de regulación en el Duero, ya que considera que "a excepción de las del norte", es la cuenca de España con peor capacidad de regulación respecto a las aportaciones. Un incremento que permitiría en un futuro gestionar de forma más segura y eficaz las situaciones de sequía prologada, como la que nos encontramos actualmente.

En el ámbito alimentario defiende que el PERTE contribuya a dinamizar el sector con nuevos proyectos de transformación y modernización, ya que "son muchas las empresas punteras de Castilla y León que están esperando que se concrete y que se aclare el procedimiento para acceder dichos los fondos (1.800 millones de euros públicos)". Defidende además una política agraria, ganadera y pesquera nacional compatible con las políticas comunes de la Unión Europea y "que termine con la competencia ilegal de productos extranjeros que no cumplen las mismas normas que impone la Unión Europea a nuestros productores". Asimismo, llama a frenar "la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos ideológicos, perseguir los etiquetados ilegales o irregulares que induzcan a confusión con el origen nacional de los productos; reforzar la seguridad de las explotaciones, aumentar las indemnizaciones por ataques del lobo y mejorar la planificación forestal.

En cuanto al patrimonio histórico-cultural de la región como "garante de la identidad nacional y motor económico y turístico", reclama la integridad del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, y exige el retorno al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca de los documentos mal identificados o no devueltos a los particulares, avanzar en las obras de adecuación del Hospital de la Concepción para el establecimiento del Archivo Histórico Provincial De Burgos, poner en marcha el proyecto de ampliación del Museo de Burgos y dotarlo presupuestariamente y desarrollar el Proyecto Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado y nueva sede del Museo de Ávila.

Vox defiende en sus propuestas para Sánchez la "soberanía energética", con medidas que favorezcan y promocionen la producción nacional y cree que "las agendas globalistas nos han convertido en dependientes de intereses extranjeros hostiles y nos han hecho vulnerables. Estas medidas son fundamentales para el desarrollo de la industria en Castilla y León, y en especial de la industria de producción de energía de la que Castilla y León fue potencia".

Bajada de impuestos para combatir la inflación y reducción del gasto superfluo; combatir la despoblación y fomentar la natalidad cuando la "única alternativa al invierno demográfico que se propone es la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", y recuerda que "las políticas de fronteras abiertas y las sociedades multiculturales han fracasado en Occidente y países como Bélgica, Francia o Reino Unido son el ejemplo más evidente". "La aplicación de la perspectiva de familia implica que las políticas públicas deben tener en cuenta sus necesidades y problemas, y estar siempre orientadas al apoyo a la maternidad y la conciliación, especialmente en el medio rural. Implementar esta perspectiva es fundamental para combatir la despoblación en Castilla y en León", argumenta la formación.

Por otro lado, propone la "despolitización de la justicia" y una política exterior "centrada en los intereses de España: encaminada a defender nuestros intereses e integridad territorial, a proteger el producto de nuestro campo y de nuestra industria, en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario que tanto viene afectando a los productos de Castilla y León".

Finalmente, exige la derogación de toda legislación de “memoria histórica” o “democrática”, leyes que considera un "despropósito totalitario, que atenta contra libertades básicas y amenaza la libertad de cátedra e investigación". "Entendemos que los poderes públicos de una sociedad democrática, que proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad y el pluralismo, deben abstenerse de fijar como correcta o auténtica una determinada versión histórica, propósito que atenta contra las libertades básicas y amenaza la libertad de cátedra e investigación. La gran diferencia entre las sociedades democráticas y las despóticas o totalitarias es precisamente que las segundas no permiten otro discurso que el oficialmente aprobado", concluye.