Imagen de la sede de CCOO en Zamora

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Región

Trabajadores de CCOO en Zamora y Soria denuncian "acoso" por parte del sindicato

Varios empleados de esta organización cuentan a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León el "calvario" que aseguran han sufrido en sus puestos de trabajo

15 junio, 2022 07:00

Tres trabajadores de CCOO en Castilla y León denuncian haber sufrido "un calvario" en sus puestos de trabajo que ha terminado en los tribunales. Los hechos ocurrieron hace ya dos años, momento en el que, según estas mismas fuentes, el sindicato comenzó a sustituir los contratos laborales de su personal por los denominados contratos asociativos y comenzó a haber cambios que afectaban a su desarrollo laboral.

Olga Domínguez trabajaba en el equipo de elecciones sindicales de CCOO en Soria. Llevaba 15 años desempeñando su labor y afiliada a este sindicato. Su conflicto con el sindicato le llevó a una baja laboral con un cuadro de ansiedad reactiva, tal y como confirma la afectada a este periódico.

"El infierno" que denuncia Olga comenzó hace más de dos años y medio. Ella desempeñaba su labor en este sindicato en la provincia de Soria. La organización incorporó a una nueva trabajadora y comenzaron los problemas: "Me di cuenta de que no tenía ningún apoyo y de que si había alguna disconformidad con algo, no se me escuchaba".

Olga Domínguez, ex trabajadora de CCOO en Soria

Olga Domínguez, ex trabajadora de CCOO en Soria O.D.

Elevó quejas respecto a los cambios que afectaban a su trabajo al hasta entonces su responsable pero encontró una postura de "rechazo". "No querían que me quejara de nada y no les gustaban las reclamaciones. Comenzaron a hacerme la cama para que me largara. Los mismos a los que se les llena la boca con el discurso de los derechos de la clase obrera".

Esta mujer, que sigue "creyendo en el sindicalismo y en las personas, pero no en los sindicatos de hoy que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores", asegura que "para pararme los pies me dijeron que tenía que trasladarme a Burgos", a lo que se negó. Su familia y su vida están en Soria, "y dónde iba yo con casi 50 años a Burgos y además por qué motivo si en Soria apenas había personal del sindicato para realizar estas funciones", indica.

"Lo llamaron ampliación de mi zona de trabajo", cuando en realidad sostiene que era una "movilidad forzosa como castigo a que hubiera estado siendo crítica con la organización", asegura.

Ante esta situación, Olga puso su caso en manos de una abogada que presentó la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo de Soria, momento tras el cual "el sindicato prefirió dar marcha atrás y retiraron la medida".

En opinión de Olga, "el sindicato se encuentra inmerso en un profundo cambio por el cual intentan sustituir los llamados equipos multirrama, es decir, los equipos de elecciones sindicales que todos tienen un contrato laboral, por una nuevo contrato que lo llaman asociativo". 

Tras dos años de tensiones con su ejecutiva provincial tiró la toalla y decidió marcharse: "Me pagaron lo que tenían que pagarme y decidí irme. Ése no era el sindicato que yo conocí. Comisiones Obreras se había convertido en CCOO SA". Para ella era "un sinsentido defender que los trabajadores debían afiliarse al sindicato para que se defendieran sus derechos cuando yo no podía defender los míos dentro del sindicato".

Asegura que la decisión de abandonar CCOO "fue una cuestión de salud mental" tras dos años "de acoso para que me fuera porque no quieren gente crítica dentro". Ahora, cree que los sindicatos "deberían a día de hoy vivir de la cuotas de sus afiliados exclusivamente, como hacen en Alemania".

"Tardé en abrir los ojos, pero lo hice. Los sindicatos de hoy no son sindicatos, dependen del Gobierno de turno y son auténticas estructuras empresariales a costa de las que vive mucha gente. Ahora vivo, por fin, en paz".

No es un caso aislado

Lo que Olga denuncia no es un caso aislado. Otros dos compañeros en circunstancias parecidas también denunciaron esta situación. Uno de ellos perdió el juicio contra el sindicato y el otro continúa reclamando sus derechos, dos años después.

Éste último, cuya identidad prefiere mantener al margen, desempeñaba su labor en el equipo de elecciones sindicales de Zamora. Cuando comunicó a Recuros Humanos en 2019 que quería optar a una plaza vacante en Zamora para labores de administración en la sede del sindicato por promoción interna, comenzaron los problemas "porque no se lo había comunicado previamente al responsable de área, cuando libremente como trabajador podía optar a ella".

Tras haber solicitado ese cambio de puesto le comunicaron que lo trasladaban de Zamora a un puesto de Valladolid. Una decisión que, a su juicio, escondía un "total acoso y derribo. En cuanto no estás de acuerdo con algo, te dicen que tienes que irte a trabajar a otra provincia para que amedrentarte o que te largues".

Lleva afiliado 33 años a este sindicato y sigue estándolo. Pero, en su caso y según indica, "para no perder más derechos dentro del sindicato al menos hasta que todo se resuelva".

En 2020 el sindicato lo despidió alegando causas objetivas, pero este empleado puso su caso en manos de un abogado y el Juzgado de lo Social de Zamora dictaminó que el despido era nulo por lo que tuvo que ser readmitido en su puesto. Es decir, la sentencia entiende que se había producido una vulneración del derecho a la indemnidad. Esta garantía recoge que un empresario no puede adoptar medidas de represalia por el ejercicio del trabajador de hacer valer su derecho a reclamar. Una medida que encuentra su amparo en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

El sindicato recurrió esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratificó que era un despido nulo. Una vez ratificada la sentencia y a los cinco meses, le comunicaron un "nuevo traslado definitivo a la provincia de León", que este trabajador volvió a recurrir al Juzgado, el cual pidió un informe a la Inspección de Trabajo de Zamora.

El informe de la Inspección de Trabajo de Zamora habla de "actitud hostil del sindicato durante más de dos años" que se inicia con el traslado frustrado de este trabajador en 2019 pocos meses después de que se incorporara al equipo de elecciones sindicales de Zamora una segunda persona en régimen asociativo, no laboral, "que dio lugar a un despido por causas objetivas en donde queda patente la voluntad del sindicato de amortizar el puesto de trabajo" del denunciante, "volviendo a reiterar, ante la nulidad firme del despido, una medida como es el traslado forzoso por las mismas razones objetivas que ya fueron descartadas por injustificadas en sede judicial mediando entre ambas medidas un lapso de tiempo corto".

Es decir, este trabajador de CCOO Castilla y León se encontró primero con un traslado forzoso al que se negó y que acabó en un despido que los magistrados determinaron que era nulo, y después con un segundo intento de trasladarlo, esta vez, a León.

"Nada cuadra cuando en el XII Congreso de CCOO Castilla y León celebrado en junio de 2021 se determinó que era necesario reforzar la actividad electoral especialmente en Zamora, León y Ávila, y a mí se me despide sin causa objetiva de mi puesto en Zamora en febrero de 2020", asegura.

Este empleado ha estado de baja "por ansiedad reactiva al trabajo" desde el pasado 5 de enero hasta el 11 de mayo. Tras una reunión con el sindicato, le comunicaron que debía irse a León "hasta el 31 de diciembre sin especificar que luego que pueda volver a Zamora, así que lo he vuelto a denunciar en la Inspección de Trabajo de Zamora por acoso laboral y mobbing corporativo". 

Aún mantiene una demanda interpuesta porque asegura que el sindicato no le devuelve el coste económico de las anteriores demandas, que "debían estar cubiertas por la organización sindical tal y como rezan los documentos internos de la asesoría jurídica de CCOO. Me trataron como a no afiliado, cuando yo nunca he dejado de estarlo". Las personas afiliadas al sindicato tienen asesoría jurídica sin coste mientras cumplan unos mínimos de afiliación, pero este trabajador asegura que CCOO aún le debe "2.700 euros de los costes de abogados por el primer juicio que ya les gané".

El fallo judicial condena a CCOO a pagar los salarios de tramitación, es decir, los que ha dejado de recibir desde que fue despedido el pasado 14 de febrero hasta la actualidad, y le obliga, además, a readmitirlo, tal y como indica este trabajador.

Tras 16 años trabajando para este sindicato, ahora sólo quiere que la organización le abone lo que él considera que no se ha satisfecho conforme a los propios estatutos del sindicato, y que "me dejen trabajar tranquilo", mientras asegura que continúa en "revisiones psicológicas" debido a "al acoso laboral" al que asegura ha estado expuesto. CCOO de Castilla y León ha declinado hacer declaraciones tras ponerse en contacto este periódico con dicha organización sindical.