Las cartas están sobre la mesa. El Partido Popular ha descartado por activa y por pasiva la inclusión de Vox en el próximo Gobierno de Castilla y León –la posibilidad que parecía más probable una vez conocidos los resultados del domingo– y tiene que buscar alternativas si desea continuar en el poder en una región que ha sido feudo histórico de los populares desde hace 35 años. Las palabras del presidente Alfonso Fernández Mañueco este martes, suscritas por el líder popular Pablo Casado horas después tras el Comité Ejecutivo, cerraron la puerta a cualquier tipo de acuerdo con la formación de Santiago Abascal que implique su entrada en el próximo Ejecutivo, mientras que Vox no contempla la posibilidad de conceder un apoyo externo a los populares o abstenerse ante la investidura de Mañueco.

"Tenemos el derecho y el deber de entrar en el Gobierno", aseguró el candidato de Vox Juan García-Gallardo tras conocerse los resultados del domingo, que les otorgaron 13 escaños, mientras que Mañueco y Casado respondieron que el PP quiere "un Gobierno en solitario" y marcó sus "principios innegociables" para pactar. "Para nosotros la igualdad no es negociable", aseguró el martes Casado, afirmando además que descartaba "hacer equilibrios sobre minorías radicalizadas", en referencia a Vox.

Gobernar con el PSOE: una opción arriesgada

Descartada la posibilidad de acuerdo con la formación de García-Gallardo, el PP está obligado a buscar alternativas que le permitan mantenerse el poder. La primera de las opciones sería la de buscar el apoyo de los 28 procuradores del PSOE y la abstención o el voto favorable de los partidos provinciales y de su exsocio, Ciudadanos. Se trata de una posibilidad improbable, ya que el PSOE ya ha mostrado sus reticencias para concederle su abstención con lo que parece aún más difícil que otorguen su apoyo a Mañueco. Con todo, no es una opción imposible y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha suscrito su apoyo a esta alternativa este miércoles afirmando incluso que estaría a favor de que el PSOE "cogobernara" con el presidente popular en funciones. "Me gustaría que estuviéramos en un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera", añadió la vicepresidenta.

Además, Díaz, se mostró favorable a "cualquier posición" que impida que la sanidad, la educación o los servicios públicos dependan "de la extrema derecha". A pesar del apoyo de la vicepresidenta, está opción sería demasiado arriesgada para los dos grandes partidos. Para el PP supondría integrar al partido del "sanchismo", al que ha culpado de todos los males en campaña, en el nuevo Ejecutivo y para el PSOE significaría validar la continuidad de los populares en el Gobierno después de 35 años de "un partido corrupto", como dijo el portavoz de los socialistas, Felipe Sicilia, horas después de conocerse los resultados.

Los partidos provinciales entran en la ecuación

Una opción que parece más viable para Mañueco es la de buscar un acuerdo con los partidos provinciales que han obtenido representación en las Cortes –Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria Ya y Por Ávila– con lo que llegaría a 38 diputados favorables a su investidura. También podría sumar al procurador de Ciudadanos y llegar a 39, si bien Francisco Igea aseguró en varias ocasiones en campaña que no iba a dar su apoyo a Mañueco de ninguna de las maneras debido a su "deslealtad" anticipando las elecciones y haciendo saltar por los aires el Gobierno que compartía con la formación liberal.

En una u otra opción Mañueco seguiría necesitando la abstención del PSOE, suponiendo que Vox se mantuviera en sus trece y votase en contra siempre que no les permitieran entrar en el Ejecutivo. La posibilidad de que los socialistas otorguen su abstención a Mañueco parece cada vez más probable, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su mano tendida al PP si rompe sus pactos externos con Vox en la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía. "Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no", advirtió el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados al líder popular, e insistió en que Casado debía aclarar si esta negativa a pactar con Vox "es para todos los días, para siempre y en todos los territorios".

La opción de que el PSOE se abstuviera ya había sido deslizada pocas horas después de conocerse los resultados por figuras relevantes del partido como Óscar Puente, alcalde de Valladolid y muy cercano a Sánchez. El propio Luis Tudanca, candidato socialista en los comicios, no descartó esa posibilidad el martes, pero exigió al PP que aplicase un "cordón sanitario completo a Vox". Finalmente, el propio Sánchez se ha unido a las voces que abrían la puerta a la abstención en su partido. Esta alternativa obligaría a Mañueco a plegarse a algunas de las reclamaciones de los partidos provinciales, ya que necesitaría su apoyo para tener una mayoría amplia que le permitiera legislar con comodidad durante esta legislatura. Si estos partidos votan en contra, aunque el PSOE se abstuviera, Mañueco tendría que hacer auténticos juegos de malabares para sacar adelante iniciativas legislativas con solo 31 procuradores.

Por tanto, el presidente en funciones tendría que acceder a contentar a UPL, Soria Ya y Por Ávila y contradecir por tanto sus declaraciones del martes, cuando afirmó que "la cohesión territorial" era otro principio negociable para pactar. "No vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras", aseguró Mañueco tras la celebración de la Junta Directiva Autonómica del partido. La necesidad de asegurar la gobernabilidad podría obligarle a ceder ante estas formaciones en algunos aspectos de su programa, si bien la reducida representación de estos partidos –solo siete escaños de 81– no les permitiría exigir un cumplimiento de su programa de máximos y daría aire a Mañueco.

Un Gobierno en minoría bajo la sombra de elecciones anticipadas

La tercera posibilidad consistiría en la abstención del PSOE combinada con una abstención o voto contrario de los partidos provinciales y Ciudadanos, es decir, una investidura que tendría solo el voto favorable de los 31 procuradores del PP. Esta última opción saldría adelante, ya que los 31 síes de los diputados populares superarían a los previsibles noes de los 13 de Vox y del único procurador de Unidas Podemos, y permitiría a Mañueco no verse obligado a ceder antes las formaciones localistas.

Pero esta modalidad de investidura dejaría al presidente autonómico en unas condiciones muy precarias a la hora de legislar, ya que tendría que llegar inevitablemente a acuerdos puntuales tanto con el PSOE, como con los partidos provinciales como con un Vox que no pondría las cosas fáciles a los populares tras su negativa a integrarles en el Ejecutivo. Es previsible que si esta opción se lleva a cabo, y Mañueco no llega a un acuerdo de Gobierno con ningún partido -aunque sea con apoyo externo- las dificultades para aprobar los presupuestos de 2023 forzasen al presidente autonómico a convocar elecciones anticipadas en un año escaso, con lo que Castilla y León volvería a unirse a las comunidades autónomas que celebrarán comicios de manera conjunta en mayo de 2023.

Pocos precedentes de acuerdos a izquierda y derecha

No existen muchos precedentes de acuerdos entre la derecha y la izquierda en España, el último de ellos la abstención del PSOE en el otoño de 2016 en la investidura del popular Mariano Rajoy para evitar la convocatoria de unas terceras elecciones. Si bien es cierto que en esta ocasión la decisión de abstenerse vino precedida de un doloroso proceso interno para los socialistas en el que el partido se fracturó tras la dimisión forzosa de Pedro Sánchez como secretario general y la imposición de una gestora que condujo al partido a votar en este sentido en el Congreso. Además, Sánchez dimitió como diputado y varios representantes del PSOE se saltaron la disciplina de voto y se opusieron a la investidura de Rajoy.

Siete años antes, en mayo de 2009, PSOE y PP habían alcanzado un acuerdo tras las elecciones en el País Vasco que permitió la investidura del socialista Patxi López como lehendakari, acabando con una hegemonía de casi 30 años del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Otro acuerdo sui generis fue el que pactaron PP e Izquierda Unida tras las elecciones en la comunidad autónoma de Extremadura, en julio de 2011. En esta ocasión la formación de izquierdas se abstuvo para permitir la investidura del candidato popular, José Antonio Monago, y poner fin así a más de 25 años de Gobierno socialista. Casualmente, la figura del exasesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, estuvo presente en estos dos últimos pactos ya que en 2009 se encargaba de asesorar al PP vasco de Antonio Basagoiti y en 2011 al PP extremeño de Monago, que se presentó como un "verso suelto" del partido en esos comicios.

Una fórmula habitual en Europa

A nivel europeo, sin embargo, este tipo de pactos entre partidos opuestos en el espectro ideológico son más habituales, tanto para garantizar la gobernabilidad como para conformar "cordones sanitarios" para impedir el acceso al poder de formaciones de ultraderecha. En Alemania, ha sido muy habitual la formación de "Grandes Coaliciones" entre la conservadora CDU y el socialdemócrata SPD, en algunas ocasiones contando también con los liberales del FDP para conformarlas. La excanciller Angela Merkel utilizó esta fórmula en tres de las cuatro legislaturas en las que estuvo en el Gobierno y se apoyó en el SPD para garantizar la gobernabilidad del país.

También en Francia las formaciones de centroderecha y centroizquierda, junto con los liberales, han llegado en muchas ocasiones a acuerdos para cerrar el paso a la extrema derecha, sobre todo en las elecciones departamentales. En estos casos, cuando la Agrupación Nacional de Marine Le Pen -el partido hermano de Vox en Francia- llega a segunda vuelta, el Partido Socialista, Los Republicanos -la derecha francesa- y el partido del primer ministro Emmanuel Macron no dudan en unirse y pedir el voto para la candidatura alternativa a la formación de Le Pen, sea del partido que sea. En España, la herencia de la Guerra Civil y el franquismo, y la polarización de la sociedad, han impedido que este tipo de acuerdos se produzcan más a menudo. El próximo mes de marzo Castilla y León podría ser el primer experimento de una "Gran Coalición" en España que podría sentar precedente de cara a futuros pactos a nivel nacional.