El conocido como 'caso Caja España' finaliza con una condena en costas de 17.369 euros para Izquierda Unida de Castilla y León, que ahora abre una campaña de recogida de fondos para asumir la cuantía impuesta por la Justicia. Así se cierra su denuncia por administración desleal contra varios de los consejeros de la extinta entidad financiera, que aprobaron créditos millonarios en condiciones ventajosas para el entonces presidente de Caja España, el constructor leonés Santos Llamas.

Durante el proceso judicial se pedía investirgar a varios de sus consejeros, entre ellos el exalcalde de León, Paco Fernández; el expresidente de la Diputación de León, Javier García Prieto o el que fuera número tres del PP nacional, expresidente de la Diputación de Zamora y ahora senador nacional por Zamora, Fernando Martínez Maillo.

Pero, tras años de trabas judiciales por parte de la defensa, con continuos recursos a cada decisión de los jueces, el caso terminó por cerrarse, al entenderse que dichos delitos habían prescrito. La formación política llegaba hasta el Tribunal Supremo con la esperanza de que el caso no se cerrara sin condenas para los exconsejeros, pero el Supremo no admitió su recurso, y ahora Izquierda Unida tiene que enfrentarse al pafo de más de 17.300 euros en concepto de costas del proceso judicial, según adelantaba Radio León.