El 17 de junio la Junta de Castilla y León y los principales partidos representados en las Cortes suscribieron el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. El elogiado acuerdo de comunidad, puesto como referente de consenso en la política española, se tambalea unos meses después. En esta recta final del año, los socios de PP-Cs y el PSOE han abierto una brecha en sus relaciones, con críticas y reproches mutuos que ahondan sus diferencias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, firmaron el pacto con el portavoz socialista, Luis Tudanca; el 'popular', Raúl de la Hoz; el de Ciudadanos, David Castaño, y el líder de Podemos, Pablo Fernández. Por Ávila se sumó también, aunque su procurador, Pedro Pascual, no pudo estar en la sede de la Presidencia por una cuestión de agenda. Solo UPL y Vox se autoexcluyeron.

El documento despliega 86 medidas en sanidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la Comunidad tanto nacional como europea. “Es un ejemplo para toda España, el diálogo ha vencido a la crispación”, afirmó Fernández Mañueco. “En tiempos de zozobra y miedo, queremos dar esperanza a la gente”, dijo Tudanca. “Damos un ejemplo. La clase política debe poner los ojos en Castilla y León”, sostuvo Pablo Fernández.

Pero el trabajo se inició antes. La Junta de Castilla y León recibió el respaldo de los grupos de las Cortes en la gestión de la pandemia. Así ocurrió el 17 de marzo, tres días después del estado de alarma, en la comparecencia de Fernández Mañueco ante la Diputación Permanente de la Cámara. El presidente presentó las medidas adoptadas y los grupos cerraron filas con él para ganar el virus. “Es el momento del silencio de quien no gobierna”, sentenció Tudanca.

Fernández Mañueco volvió a comparecer el 24 de abril en las Cortes, tras el Día de la Comunidad, cuyos actos institucionales y en la campa de Villalar de los Comuneros se anularon por el estado de alarma, y tendió la mano a los grupos para cerrar un acuerdo de comunidad. PSOE y Podemos aceptaron el reto y se inició el trabajo, sellado el 17 de junio.

En ese contexto, el presidente de la Junta se sometió a su primer debate de política general, celebrado los días 30 de junio y 1 de julio. Fernández Mañueco ofreció a los grupos un nuevo pacto, para aprobar los presupuestos autonómicos de la recuperación ante el impacto del COVID-19. Sin embargo, su invitación cayó en saco roto. No solo no hubo respuesta, sino que una vez presentadas las cuentas en noviembre han recibido la enmienda a la totalidad de la oposición.

La intervención de Fernández Mañueco impactó y sorprendió a Pablo Fernández. “Tendré que debatir con el presidente de Narnia o del País de las Maravillas”, ironizó entonces. Un proyecto político “agotado y fracasado” y sin autocritica ante la gestión de la pandemia vio Luis Tudanca en el discurso del presidente. Era el inicio de un cambio en las relaciones entre Gobierno y oposición, aunque ésta por lealtad ha apoyado hasta la fecha las medidas restrictivas para contener el virus.

Cumplimiento y responsabilidad

El incumplimiento del pacto de comunidad, las mociones de censura de PP y Cs para desbancar a alcaldes socialistas, la falta de palabra del presidente, según Tudanca, y la critica de la Junta a medidas del Gobierno, su acusación de falta de colaboración y de dejar solas a las autonomías han abierto brecha y ahondado las diferencias. Los socialistas declinaron el acuerdo de Fernández Mañueco sobre los fondos europeos, se salieron de la mesa para un nuevo modelo sanitario y presentaron la creación de una comisión de investigación por la gestión en las residencias, que fue rechazada por los socios de Gobierno.

Según la Junta, más del 94 por ciento de las medidas del pacto para la recuperación están en ejecución o finalizadas. El vicepresidente Francisco Igea presentó ese balance en las Cortes el 25 de septiembre. “Un pacto no es una lista de deberes al Ejecutivo, sino la suma de voluntades”, afirmó. También, avisó a PSOE y Podemos que son “responsables” de lo firmado, ante su insistencia en que se cumpla lo acordado por “el bien de los vecinos de Castilla y León”.

Luis Tudanca y Pablo Fernández no dan por roto el acuerdo de comunidad pero insisten en que se cumpla, mientras que acusan a la Junta de “mentir” y de “no tener palabra”. Para el presidente y el Ejecutivo, se trata de una ‘hoja de ruta’ que cumplen y van a cumplir y que está plasmada en los presupuestos para 2021, que se tramitan en las Cortes, los primeros del Gobierno de PP y Cs.

En los últimos ‘cara a cara’ en las Cortes, Fernández Mañueco y Tudanca han elevado su tono. El presidente acusa a la oposición de utilizar la sanidad como “ariete político de desgaste” ante su exigencia de que se abran los consultorios locales, que según la Junta no están cerradas, y la atención presencial. El socialista insiste en que rectifique, a ello se ha unido el llamado ‘decretazo’ de los sanitarios. “Retire el decreto o márchense, elija entre estar al lado de la gente o solo y mal acompañado”, le espetó Tudanca.

El espíritu y tono que animó y con el que se fraguó el pacto para la recuperación ha dado paso, en este final de año, a la critica de trazo duro incluso con insultos y descalificaciones entre los socios de gobierno y los partidos de la oposición, a los que se ha acusado de utilizar los muertos de la pandemia.

La pandemia y su gestión ha mermado la actividad de los partidos políticos, ya que las restricciones han hecho que las reuniones sean telemáticas sin poder tener encuentros, foros o conferencias presenciales. Así, Ciudadanos tuvo que renunciar a su asamblea general para ratificar el liderazgo de Inés Arrimadas que venció en las primarias a Francisco Igea, ahora fuera de cargos orgánicos en el partido. La leonesa Gemma Villarroel sustituyó a Luis Fuentes en la coordinación autonómica.