Incendio forestal en La Fregeneda
Prisión de casi dos años y 61.580 euros de multa por provocar un incendio forestal con una quema de pasto
Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2024 en la provincia de Salamanca.
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La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre a un año y diez meses de prisión por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave tras provocar un fuego durante una quema de pasto junto a su vivienda en La Fregeneda.
Además, deberá abonar una multa de nueve meses, a razón de seis euros diarios, e indemnizar a la Junta de Castilla y León con 61.580,21 euros por los gastos de extinción.
Los hechos ocurrieron sobre las 13:58 horas del 4 de julio de 2024, cuando el condenado realizó una quema de pasto en el paraje Arroyo del Lugar, en el término municipal de La Fregeneda, sin contar con autorización administrativa.
El fuego se produjo, además, en plena época de peligro alto de incendios, en una zona declarada de Alto Riesgo de Incendios y con afección a un espacio protegido.
Las llamas se extendieron desde el punto de la quema a la vegetación próxima, formada por pasto, matorral y arbolado, hasta convertirse en un incendio forestal que arrasó 4,24 hectáreas de arbolado y afectó a parcelas colindantes.
El fuego pudo ser controlado a las 19:14 horas y quedó extinguido alrededor de las 21:00 horas gracias a la intervención coordinada de los medios de extinción.
La sentencia destaca las condiciones especialmente desfavorables en las que se inició el fuego.
Peligro alto de incendios
Aquel día, Castilla y León se encontraba en época de peligro alto de incendios y las condiciones meteorológicas estaban en nivel de peligro extremo, con una humedad del combustible fino muerto del 5% y una probabilidad de ignición del 70%, factores que favorecieron la propagación de las llamas.
La Audiencia considera acreditado que los hechos constituyen un “delito de incendio forestal por imprudencia grave”, previsto y castigado en los artículos 352, 353.1.5ª y 358 del Código Penal.
El tribunal señala que tanto los hechos como la autoría quedaron acreditados «mediante la total conformidad de las partes».
La Junta de Castilla y León reclamó 61.580,21 euros correspondientes a los gastos de extinción, cantidad que deberá abonar el condenado y que devengará los intereses legales correspondientes. La sentencia también le impone las costas del procedimiento.
Aunque la pena de prisión ha sido impuesta, la Audiencia acuerda su suspensión durante dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y a que abone la responsabilidad civil fijada en la sentencia, además de los intereses legales.
La resolución judicial, dictada el 21 de julio de 2026, establece que, una vez firme, se mantendrá la suspensión de la pena bajo esas condiciones.
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de diez días desde la última notificación.
