La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir el caso por la presunta financiación ilegal del PP de Castilla y León en las primarias en las que resultó vencedor Alfonso Fernández Mañueco frente a Antonio Silván. 

Según entiende la Audiencia y refleja en el auto al que ha tenido acceso NOTICIAS CYL, "debe seguir adelante la investigación penal, con libertad de criterio del juez instructor, encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.

Lo hace un año después de que el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca abriera diligencias por la posible existencia de un delito de coacciones, de financiación ilegal de partido político y de falsedad documental en documento oficial después de una denuncia anónima. 

Sin embargo, poco después archivó la causa ya que, a juicio del responsable, las acusaciones estaban realizadas “de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. 

La denuncia relataba presuntos hechos acaecidos en Salamanca con las elecciones primarias del PP de Castilla y León celebradas el 18 de marzo de 2017 y el motivo de la denuncia anónima era, según refería el propio denunciante, "por la gravedad de los hechos". 

Así, se admitió la denuncia y se abrieron diligencias previas decretándose el secreto de las actuaciones que se levantaron poco después con el sobreseimiento de la causa tras tomar declaración a varios militantes populares como los exconcejales del Ayuntamiento de Salamanca Enrique Sánchez-Guijo o Cristina Klimowitz, así como a la exdiputada provincial y concejala en Santa Marta, Chabela de la Torre. 

A través de estas declaraciones "coherentes, coincidentes, convincentes, y creíbles", el mismo Juzgado de Instrucción, entre otras razones como la entrega del listado de los afiliados al corriente de pago por parte del PP, decidió archivar la causa. 

A ello se presentó un recurso por parte del Foro de Izquierdas-Los Verdes, que se personó en la causa anteriormente, en base a que se debían continuar las causas por los tres presuntos delitos presentados, aunque la Audiencia solo ha admitido la apertura del caso de la financiación ilegal. 

Sobre las coacciones, argumenta que "difícilmente puede concluirse que", tras las declaraciones de los tres militantes citados, "el resto de las personas que contribuyeron con su dinero a poner al día las cuotas, puedan considerarse coaccionados, y todo ello sin dejar de tener en cuenta que la denuncia se interpuso de forma anónima, con las limitaciones que ello supone de cara a una investigación judicial". 

Mientras, en el tema de la falsedad documental, que se denunció por la firma de documentos en el censo de afiliados para votar en las citaddas primarias, "la prueba practicada resulta que los cargos electos firmaron individualmente y un compañero se encargó de llevar esos docuemntos hasta la sede del partido". 

Sin embargo, en el tema de la supuesta financiación ilegal, "el recurso de apelación considera que debe tenerse en cuenta la manifestación efectuada ante el partido que ejerce la acusación popular de don Agustín Gómez Vicente, quien dice ser militante del PP, que desea aclarar ante el juez de Instrucción que considera que para estas operaciones se han invertido 60.000 euros del dinero B del Partido Popular", algo que la Audiencia Provincial considera necesario estudiar y "agotar la investigación, a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas y, en su caso, de haber un excedente, o haber acudido el partido a otras fuentes de financiación para cubrir las cuotas impagadas".