Nuclenor ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el impuesto aprobado por el Gobierno autonómico que grava el impacto medioambiental por el combustible gastado y depositado en la central nuclear de Santa María de Garoña, de la que es propietaria.

Según publica este jueves Diario de Burgos, la empresa abonó el pasado año 1,6 millones por esta nueva fiscalidad, en vigor desde el pasado 21 de noviembre, así como 3,75 millones para el presente.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó en noviembre colaborar con la Estrategia de Dinamización del entorno de Garoña y el pasado día 11 la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con los 14 municipios más cercanos, pero insistió en la necesidad de que el Gobierno central participe de la financiación de las alternativas al cierre de Garoña.