El macrojuicio de las 'multiestafas' que estaba previsto celebrar durante todo un mes ha quedado finalmente reducido este martes a una sola jornada, después de que el fiscal de Delitos Económicos y las defensas de los 58 ocupantes del banquillo hayan llegado a un acuerdo para obtener una sentencia de conformidad y así ver rebajadas las penas a las que se exponían.

La sala habilitada en la Feria de Valladolid, dada la falta de espacio en la Audiencia Provincial, ha estado ocupada por 61 procesados, de un total de 65 que figuraban inicialmente en la causa, ya que cuatro se encuentran fugados, entre ellos uno de los principales supuestos instigadores, Julio J.J.

Sin embargo, la lista de ocupantes de banquillo se ha visto alijerada en otros tres cuando el acusador público, en fase de cuestiones previas, ha acordado retirar los cargos contra ellos, con lo que finalmente han permanecido en sus sillas 58 acusados, que han pactado sentencias de conformidad al reconocerse autores de los hechos, incluidos los dos últimos que aún no se habían conformado.

Así, durante las más de dos horas del acto celebrado en la Feria de Valladolid, cada uno de los acusados, precedido por su abogado, ha ido ratificando el acuerdo alcanzado con el acusador público, para luego hacer lo propio a preguntas del presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, a quien han ido confirmando su intención de no recurrir el fallo, que contempla penas de entre cinco años para aquellos que se exponían a once, dos años para otros, un año y nueve meses en unos casos y mínimas de seis meses y un día y multa, junto con las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.

Cumplimentado el trámite, el presidente de la sala ha expresado la dificultad de anticipar el fallo 'in voce', a diferencia de otras ocasiones con mucho menor número de procesados, por lo que se ha limitado a apuntar que la sentencia "será en los términos de estricta conformidad alcanzada entre las partes", si bien el escrito detallado se ha comprometido a entregarlo el fiscal antes del día 29 de octubre.

La Fiscalía imputa delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a principios del presente año a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

El propietario de una gestoría

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que figuraban en lo alto del escalafón Julio J.J--fugado actualmente y con una condena de tres años pendiente por hechos similares--y M.A.M.D, propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Éste último, prevaliéndose de ello, supuestamente, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.