La Guardia Civil de Salamanca investiga a nueve veterinarios como presuntos autores de falsedad documental, dentro de una red delictiva destapada a raíz del homicidio imprudente de un hombre el 26 de febrero de 2017 en un camino rural de Santa Marta de Tormes, donde fue atacado por varios perros de razas potencialmente peligrosas.

Cabe recordar que los canes atacaron violentamente al hombre hasta acabar con su vida, detectando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil que los animales carecían de control administrativo y documental, pues el dueño tenía antecedentes por narcotráfico y por tanto no podía poseer este tipo de perros.

Entonces ya fueron investigados dos veterinarios como colaboradores en el delito. Ahora, la denominada 'Operación Maxil' ha investigado la correspondencia entre las características raciales observadas en los animales controlados y los datos cumplimentados en la documentación para su legal tenencia, así como la correcta grabación de todo ello en la aplicación informática del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL). Operaciones efectuadas por los veterinarios colegiados habilitados, así como las condiciones de sanidad y bienestar animal de los canes.

Los agentes han podido constatar falsedades en la cumplimentación de los documentos, en particular del factor racial y las características de perros peligrosos y sus cruces, haciendo constar otras razas no catalogadas como peligrosas, incumpliendo la normativa vigente. Todo ello con la única finalidad de exonerar de forma fraudulenta a los titulares de los animales del cumplimiento de los requisitos para la legal tenencia de animales potencialmente peligrosos.

En el marco de la Operación se han investigado la raza y documentación de un número superior a mil animales en Salamanca y en otras provincias, encontrando irregularidades que han desembocado en la puesta a disposición judicial, en calidad de investigados no detenidos, de nueve veterinarios colegiados en la provincia de Salamanca, como presuntos autores de delitos de falsedad de documento oficial.

La vigente Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y su Reglamento de desarrollo, obligan al poseedor del animal a la obtención de Licencia administrativa, para la cual son requisitos: acreditar la aptitud psicológica, tener suscrito un seguro de responsabilidad civil y carecer de antecedentes penales. Además, los animales deben ser controlados en todo momento en los espacios públicos, mediante la utilización de bozal adecuado y la sujeción con correa o cadena de menos de dos metros.