La particular ‘venganza’ de un salmantino que fue sancionado hace año y medio por haber cerrado dos terrazas sin permiso municipal ha llegado hasta la televisión nacional. Y es que no sólo ha puesto en jaque a los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Salamanca y propiciado la creación de un grupo especial de trabajo, sino que además ha traspasado fronteras. Su acción justiciera ha sido objeto de noticias en medios de comunicación de ámbito nacional, pero también de Portugal.

En declaraciones a Antena 3, este jubilado asegura no arrepentirse de las ochocientas denuncias presentadas en el Ayuntamiento para que se estudien casos similares al suyo. “No era intención mía, era demostrar al Ayuntamiento que es todo igual, si es para unos es para otros. Me considero una persona injusta”.

Pero se siente muy dolido por la sanción que recibió, pues “era tres veces más de lo que me había costado la obra”. Por eso, “como soy pensionista y tengo tiempo, estuve recorriendo toda Salamanca, donde estaban puestas iba tomando nota y se lo pasaba al Ayuntamiento”.

Para verificar la irregularidad, ahora los técnicos municipales deben estudiar cuándo se pudo cerrar un balcón o un ático de un edificio para así comprobar si se solicitó la correspondiente licencia o si se cumplen los cánones establecidos en la ordenanza municipal. Pero también si el cerramiento se realizó antes o después de una normativa autonómica que lo permite. De hecho, algunas de las denuncias se han realizado de forma errónea.

Además, una vez verificada la infracción, se inicia un expediente que lleva su proceso administrativo que tampoco tiene por qué terminar con el ingreso de la multa, pues muchas viviendas durante la crisis económica pasaron a formar parte de los bancos, deambulando de entidad financiera en entidad financiera o incluso entre fondos especializados. En otros casos, pueden ser viviendas de empresas de construcción que quebraron, encontrándose en un limbo de propiedad difícilmente subsanable.