La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha cifrado en 10 millones de euros la cuantía que supondría para la Junta la congelación de las tarifas de la ITV en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 en el caso de que el Tribunal Supremo emitiera sentencias desfavorables para también para éstos dos últimos años.

Del Olmo ha hablado de estos datos durante su comparecencia en las Cortes para aclarar la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la congelación de las tarifas de 2012. Así, ha detallado que el fallo favorable al recurso interpuesto por Itevelesa para el año 2012 supondría a la Administración tener que atender a un pago de un total de 1.434.652,33 millones de euros por ese ejercicio.

Como ha detallado la consejera, dada la confirmación por parte del Alto Tribunal de la anulación del acuerdo de congelación para 2012, "parece muy previsible" que el sentido de las futuras sentencias relativas a los ejercicios 2013 y 2014 "sean desfavorables para la Junta". Esta situación, según Del Olmo, apunta a un desembolso total cercano a los 10 millones de euros para "todas las empresas concesionarias".

En este sentido, Pilar del Olmo ha asegurado que la Junta trabaja para "intentar que el coste para la administración sea el mínimo posible", al tiempo que ha avanzado que actualmente se avanza en al redacción del sistema de revisión de tarifas con el fin de garantizar que en Castilla y León se mantenga un servicio "de calidad" en el que los ciudadanos "paguen lo justo"

No obstante, Del Olmo ha defendido que la Junta ha adoptado las decisiones relativas a la ITV de la "mejor manera posible" con el objetivo de "impedir" que las tarifas subieran anualmente, lo que hubiera conllevado un incremento del "desequilibrio" existente entre la tarifa abonada por el usuario y el coste del servicio y que "hubiera supuesto que Castilla y León tuviera una de las ITV más caras de España".

La consejera ha defendido la decisión adoptada por la Junta y ha detallado que antes de congelar las tarifas se analizó el contrato de concesión y se advirtió mediante una auditoría externa que las entidades concesionarias observaban porcentajes de beneficios "muy superiores" a los establecidos en los estudios económicos que sirvieron de base al establecimiento de las tarifas iniciales.

Además, la crisis, que ha incidido en el envejecimiento del parque móvil de Castilla y León, ha supuesto un incremento en el número de inspecciones, al tiempo que para adoptar la decisión final se valoró, según la consejera, que unos precios moderados suponen "un incentivo" y reduce el "absentismo" de los vehículos a las inspecciones.

Del Olmo ha detallado que el ahorro medio de un turismo diesel ha llegado a los 11,1 euros, ya que en 2015 se pagó por la ITV 48,4 euros frente a los 59,52 que pagaba en años anteriores.

"Tras esta actuación administrativa únicamente estaba la protección de los intereses de los castellanos y leoneses es el hecho de que la rebaja de las tarifas no sólo incidía en las concesionarias, sino que los ingresos de la Administración derivados del canon que abonan las concesionarias se han reducido de forma análoga a las tarifas", ha aclarado la consejera.

Por último, la titular de Economía y Hacienda ha reseñado que las sentencias "no son firmes" y están recurridas ante el Tribunal Supremo, tras lo que ha reseñado que si la Junta no hubiera hecho nada con respecto a las tarifas de la ITV "los ciudadanos de Castilla y León hubieran pagado 30 millones de euros más".

Críticas de la oposición

Por su parte, los grupos de la oposición insistieron en las críticas a la fórmula de concesión del servicio de la ITV que tacharon de "privatización", algo que ha rechazado el procurador 'popular' Raúl de la Hoz, quien ha considerado que es la "mejor" para prestar este servicio dadas las características territoriales de la Comunidad.

No obstante, el socialista José Francisco Martín ha insistido en que tanto la concesión como la congelación de las tarifas posterior es una "chapuza" y, en su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda, eludió al gobierno del 'popular' José María Aznar en Castilla y León y de Miguel Pérez Villar (exconsejero de Economía), a quienes ha acusado de "privatizar" el servicio y dar su concesión a la empresa "de la que era propietario", como ha insistido el socialista.

El procurador del PSOE ha dudado de las cifras estimadas por Del Olmo en cuanto al coste para la Administración en el caso de que las sentencias posteriores sean "desfavorables", tras lo que ha acusado a al Junta de hacer pagar a los "ciudadanos" por "errores electoralistas", como fueron, a su juicio la congelación y rebaja de las tarifas.

Por su parte, el procurador de IU José Sarrión ha insistido en que la clave está en la "privatización" del servicio, tras lo que ha recordado el "maltrato" al que se enfrentaron los trabajadores del servicio de ITV, en cuyos sueldos se repercutió finalmente la rebaja de las tarifas y cuya "lucha" les llevó incluso a "plantearse una huelga del hambre".

José Ignacio Delgado de Ciudadanos también ha respaldado el "error" manifestado por el resto de la oposición en cuanto a la gestión de la concesión, mientras que Ricardo López de Podemos ha tachado de "desastrosa" la gestión de este servicio por parte de la Junta.

Para cerrar el debate, el 'popular' Raúl de la Hoz ha reclamado a la Junta que abra un proceso de negociación con las concesionarias para estudiar posibles fórmulas de compensación a las mismas ante las pérdidas registradas por la congelación de tarifas.