El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informan sobre el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas. ICAL
Los hermanos de la derecha
El reto de fondo, aunque nadie quiera decirlo demasiado alto, es la futura reunificación de la derecha. Esta vez sí, necesariamente bajo las mismas siglas, con el sueño dorado de recuperar las mayorías absolutas en un revival del bipartidismo que muchos daban por muerto y que quizá sólo estaba esperando a que sus viejos bloques se recompusieran.
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que en el Partido Popular se hablaba de Vox con una mezcla de inquietud, desprecio impostado y reconocimiento familiar. “Son nuestros hermanos”, escuché decir en cierta ocasión a un antiguo dirigente popular, justo cuando el debate era si convenía abrirles por primera vez la puerta de un gobierno autonómico en España.
Aquello ocurrió aquí, en Castilla y León, tras las elecciones de 2022. Y visto con perspectiva, aquello fue el ensayo general.
El nuevo pacto entre PP y Vox va más allá del acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco, repartir poder, aprobar presupuestos y garantizar estabilidad.
Es la consolidación de un bloque operativo de gobernabilidad a la derecha del tablero político español.
Un bloque que ya funciona en ayuntamientos, se extiende por comunidades autónomas y mira, con la vista fija, a la Moncloa.
Durante años, el PSOE de Pedro Sánchez ha gobernado España sostenido por la izquierda radical, independentistas, nacionalistas y socios de conveniencia.
Un bloque que empezó presentándose como excepcional y ha terminado convertido en sistema.
Ocho años después, la derecha responde con su propio espejo: PP y Vox como alternativa real y ya entrenada.
Y es que aunque muchos aún no quieran verlo, hay una realidad que los resultados electorales constatan: cuanto más ha virado el PSOE hacia su izquierda, más ha crecido el extremo a la derecha del PP.
Sánchez empujó al socialismo hacia territorios que incomodan - y hasta avergüenzan- a una parte de su viejo electorado, y en ese desplazamiento cargó de argumentos a Vox.
Y ahora, PP y Vox se atraen, se repelen, se necesitan y se vigilan. Como dos hermanos que se parecen demasiado para no pelearse y se necesitan demasiado para independizarse.
Por eso este pacto tiene mucho de punto de llegada.
El acuerdo presume de una mayoría absoluta parlamentaria “excepcional” del 54,39% y resume el espíritu de la nueva etapa con un lema casi de campaña: “Un Gobierno, dos partidos, un objetivo común”.
Nunca antes se había conformado un gobierno autonómico con un relato tan explícito de defensa frente al “caos” del Ejecutivo de Pedro Sánchez colapsado por la corrupción -como explica literalmente el pacto en su página 1-, y de avance sobre el camino recorrido en los últimos años.
Castilla y León se erige así en trinchera institucional y laboratorio político de una alternativa nacional.
La paradoja es que el acuerdo, a priori, resta incertidumbre. Cuatro años de horizonte político. Un presupuesto por ejercicio hasta 2030. Una fantasía al alcance de muy pocos gobiernos en estos tiempos, casi un lujo asiático en una España donde la estabilidad se ha convertido en especie protegida.
Hay medidas razonables, incluso necesarias, que la mayoría firmaría en un 95%: diagnóstico del absentismo laboral, agilización de licencias para comercios y actividades económicas, seguimiento del Ecyl, bonificación de autopistas para empadronados, refuerzo de la prevención contra incendios, colaboración público-privada para limpiar y repoblar montes, ayudas a autónomos, rebajas fiscales, apoyo al comercio local, vivienda protegida y transporte público…
Todo muy bonito, sí. Música para los oídos. Pero la realidad es que Castilla y León menos literatura administrativa y más gestión eficaz. Menos solemnidad rural y más políticas que hagan posible vivir, trabajar, emprender y quedarse.
Pero, como siempre ocurre con Vox, el pacto no se agota en lo gestionable. Vox no entra en los gobiernos para pasar desapercibido. Entra para dejar marca: inmigración, campo, tradiciones, desconfianza hacia trabajadores y sindicatos, Ley de Concordia, defensa de las víctimas del terrorismo, lucha contra el adoctrinamiento en la escuela… forman parte de ese sello ideológico que Vox necesita exhibir para justificar ante los suyos que no ha entrado en el Gobierno sólo a gestionar expedientes.
La llamada “prioridad nacional” es el corazón político del pacto. Desde la prioridad de alimentos en los comedores escolares hasta el arraigo verificable para acceder a prestaciones y servicios públicos que vayan más allá de una necesidad de “urgencia vital”.
En definitiva, introduce jerarquía de acceso a recursos públicos basada en la nacionalidad y el vínculo prolongado con el territorio.
En vivienda protegida y alquiler social, el acuerdo habla de empadronamiento histórico de diez años para compra y cinco para alquiler. Vox ha encontrado en la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales el instrumento perfecto para convertir su discurso en expediente.
Mañueco ya sabe lo que es gobernar con Vox y sabe también lo que es ser abandonado por Vox. Por eso este segundo matrimonio no nace de la inocencia, sino del cálculo. Ya no hay luna de miel posible. Hay contrato, notaría y separación de bienes.
El PP intentará vender estabilidad, presupuestos y gestión. Vox que sin ellos no habría prioridad nacional, ni concordia, ni batalla cultural, ni auditorías, ni tijera sobre las subvenciones y el despilfarro.
Así, lo que ocurra en Castilla y León, como en Extremadura o en Aragón, pondrá a prueba la convivencia de las dos derechas. Se miden sus límites y se ensaya hasta dónde puede estirar Feijóo la cuerda sin que se rompa por el centro.
El reto de fondo, aunque nadie quiera decirlo demasiado alto, es la futura reunificación de la derecha. Esta vez sí, necesariamente bajo las mismas siglas, con el sueño dorado de recuperar las mayorías absolutas en un revival del bipartidismo que muchos daban por muerto y que quizá sólo estaba esperando a que sus viejos bloques se recompusieran.
Los hermanos han vuelto a sentarse a la mesa. No porque se quieran más que antes, sino porque han entendido que separados se estorban y juntos pueden mandar. Castilla y León fue el primer laboratorio. Ahora vuelve a serlo. Y esta vez no como experimento, sino como modelo.
