Hace una semana terminaba mi columna haciendo una referencia a la concentración convocada por el Partido Popular en Madrid el próximo domingo para expresar el rechazo del pueblo español a las múltiples concesiones que el Presidente del Gobierno en funciones está haciendo a las exigencias del prófugo Puigdemont, de las cuales hemos tenido unos adelantos en esta semana: de un lado, la autorización a los Diputados a utilizar en sus Intervenciones en el Congreso las distintas lenguas cooficiales en las autonomías que tienen, además del castellano, una lengua propia, y de otro, el inútil esfuerzo de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ante sus colegas de la Unión Europea para introducir como idiomas oficiales en aquella Institución el catalán, vascuence y el gallego.

De momento, sólo la primera exigencia se ha visto satisfecha, y la Presidente del Congreso de los Diputados, saltándose a la torera el Reglamento de la Cámara Baja, que no permite la utilización de lenguas distintas del castellano lo autorizó, a lo que siempre se opuso de forma expresa el Psoe sin esperar a que el propio reglamento fuera modificado, algo que no debe sorprender a nadie, pues la señora Armengol se saltó con la misma ligereza en la época del confinamiento impuesto durante la pandemia y fue sorprendida de juerga por la policía, algo que ella misma había prohibido al resto de los ciudadanos de Baleares.

No ha ocurrido lo mismo con la introducción de las lenguas autóctonas en la Comisión Europea, que dicho ya de paso, tiene autorizadas 24 lenguas en un organismo integrado por 27 países. Fue Suecia la primera en expresar su negativa ante la petición española, y han sido otras muchas las que de una forma u otra han expresado sus reservas, pues ello supondría abrir un melón al que se apuntarían aquellos países europeos con lenguas y dialectos diversos. Recordemos, por ejemplo, que el vascuence y el catalán son hablados en determinadas regiones francesas.

A la vista de la negativa europea a aceptar la propuesta española, y dado que la Comisión exige la unanimidad de sus miembros para tomar el acuerdo, España se ofreció a pagar todos los gastos que generara la aprobación, y ante la nueva negativa europea decidió priorizar el catalán y dejar para más adelante el vascuence y el gallego, lo que ha cabreado sobremanera a los miembros del PNV. Pues ni por esas: la Comisión ha decidido pasarlo a un estudio posterior, es decir, aplazar sine die la pretensión española que tras lograr el plácet del prófugo pasará al armario de los recuerdos.

Y es que como afirmó García Page, es intolerable que el futuro político de España sea decidido por el mando a distancia que maneja el prófugo de Waterloo, aunque después de hacer una afirmación tan rotunda como verdadera se niega a actuar con arreglo a lo que dice sentir y es incapaz de “sugerir” a sus diputados que se abstengan en la previsible investidura de Su Sanchidad.

Hace tres días, en un ejercicio de fuerza, a modo de aviso a navegantes, el Psoe decide expulsar del partido a Nicolás Redondo Terreros, histórico dirigente del Psoe vasco, por su menosprecio permanente a las directrices del partido, expulsión aplicada por la vía de apremio y por supuesto sin respetar el procedimiento previsto en las normas del Psoe. Como es normal, los socialistas históricos desde Felipe González a Alfonso Guerra, desde Joaquin Leguina a Paco Vazquez, pasando por una gran parte de los socialistas clásicos, han mostrado su desacuerdo con la expulsión y su rechazo a la amnistía que, al decir de Gabriel Rufián  está pactada desde la elección de la Mesa del Congreso, y ERC en estos temas suele decir la verdad.

No hace falta insistir en que la Constitución Española no contempla la amnistía, como no contempla la esclavitud, porque la única amnistía posible en España fue la aprobada para salir del régimen anterior. Aprobar ahora una amnistía es, además de justificar el golpe de estado de los nacionalistas catalanes que por si fuera poco no se han arrepentido y han asegurado que “lo volveremos a hacer”.

Por supuesto, poco le importa al Presimiente la intervención del Jefe del Estado en relación con el golpe de estado y la condena del Tribunal Supremo a los golpistas en un juicio que tuvimos oportunidad de seguir en directo a través de la retransmisión televisiva de las sesiones del mismo.

Lo único que le preocupa a Pedro I el Mentiroso es su sillón en la Moncloa, pero no seamos inocentes, no tanto por mantenerse al frente del Gobierno de España, que también, sino para desde allí culminar el autogolpe de estado en el que lleva trabajando hace años. Y detrás de la amnistía vendrán el referéndum y la autodeterminación.  Es difícil encontrar en la política Española contemporánea a nadie tan inmoral como SuperSanchez, y no hay más que echar mano de la hemeroteca para comprobar lo que opinaba sobre el golpe catalán cuando se produjo, (“es un claro delito de rebelión”, “me comprometo a traer a Puigdemont a España a responder ante la Justicia”, etc. etc. ), a su reciente afirmación en Nueva York en su enésima mentira, (cambio de opinión lo llama él), de que hay que desjudializar la política, es decir, que si el delincuente es un político, por muy grave que sea el delito, y pocos delitos políticos llegan a la gravedad del golpe de estado, debe ser el Presidente del Gobierno y no los Tribunales quien actúe contra los golpistas.

 Felipe VI

 Seguro que a muchos de ustedes les habrá llegado el valiente discurso de Felipe VI condenando la situación catalana de 2017 y un encontronazo entre el Jefe del Estado y el Presimiente del Gobierno que terminó con la expulsión de éste del recinto de Zarzuela cuando fue a explorar la respuesta del Rey ante la evolución de la situación política. Como diría mi amigo Genaro, “si non e vero, e ben trovado”,.

En definitiva, el martes, sesión de investidura de Núñez Feijóo que ganó las últimas elecciones, que si no es respaldado por la mayoría absoluta de los diputados, sí irá respaldado por los cientos de miles de ciudadanos españoles convocados en Madrid para expresar su rechazo a la política sanchista.

 Y mi duda es, si es obligado el encargo del Jefe del Estado, de fracasar la investidura de Feijóo, el proponer como candidato al aspirante socialista. No olvidemos que no es necesario ser Diputado para ser candidato a la presidencia del Gobierno, y podemos entrar en una crisis sin precedentes y de resultados imprevisibles, que a lo peor es lo que busca el desvergonzado inquilino de la Moncloa, que pretende acabar con la Monarquía, la Constitución y la Democracia, algo que podría calificarse de alta traición, esta sí, contemplada en la Constitución.

Lo incomprensible de todo esto para mí, es la sumisión de los miles de socialistas decentes que hay en este país y de sus millones de votantes ante un personaje que no se le escapa una verdad ni por equivocación.

La semana que viene seguiremos hablando del tema.