El modelo americano de democracia, generadora de agencias independientes de control de la acción del gobierno, supone un modo de desarrollar la democracia desde una interiorización del concepto democrático; es decir, en EE. UU. tienen claro que la democracia se caracteriza por el control al gobierno y ello lo han desarrollado mediante los controles políticos propiamente dichos y los controles del poder mediante la construcción de un gran entramado de agencias independientes que, por su prestigio, solvencia y distancia con el poder, han adquirido una fuerza muy importante.

         Con ese modelo surgen los modelos de control de riesgos, las políticas de supresión del riesgo o sanción reputacional y se producen los modelos de control de riesgos que nacen, en EE. UU., en el campo alimenticio y farmacéutico y se desarrollan de forma rápida en el de la corrupción política. Como todo modelo de control de poder político, se implementa inmediatamente por ósmosis en toda la estructura empresarial, generalmente más imbuidos de la idea de reputación que por la de sanción, lo cierto es que se desarrollan los modelos de prevención de riesgos sanitarios, laborales, penales, etc.

         Aquel movimiento que surgió en EE. UU. allá por los años 60, en nuestro país aún está en proceso de desarrollo e interiorización, pues es desde 2015-16 que se introducen en nuestro sistema conceptos que aún están en desarrollo, cuales son:

cultura de cumplimiento normativo (Cultura de compliance) nombramiento, autonomía e independencia de un oficial o controlador de cumplimiento, con un adecuado y eficaz canal de denuncias. programa de prevención de riesgos penales y su necesaria documentación, siendo clave la política de compliance. Formación y concienciación de los empleados, con el desarrollo de un código ético empresarial evaluación continua o monitorización del mismo/ auditoría de cumplimiento normativo y evaluación del programa.

         Este movimiento se reduce, en España, en una “obligación” que se carga sobre las empresas, a determinadas instituciones (asociaciones, fundaciones), a las que incluso se puede aplicar la “pena de muerte” desterrada de la Constitución, pero no se exige a la administración pública; es decir, se pretende un desarrollo inverso al americano, de forma que el trasfondo es claro. Aquí se busca el control del ciudadano, del empresario y no del político, del poder, le damos la vuelta al modelo democrático para pervertirlo y utilizarlo como un modo de totalitarismo vestido de gran dama.

La función de prevención de riesgos penales, al no ser una imposición legislativa, sino un modo de reducir los riesgos penales y/o generador de sistemas de exención o atenuación de la acción penal, que, como me dijo un fiscal “el mejor modelo de cumplimiento es no delinquir”, es decir, con ese planteamiento, se minusvalora el valor preventivo que tiene, con esa visión la empresa lo valora más por el efecto reputacional que su implantación genera en el mercado y concede un valor frente al competidor que por su función primigenia.

Si a esta visión distorsionada del programa de prevención de riesgos penales se ha dotado, se la añade que la administración no está sometida a dicho modelo, que los políticos o se someten a jueces nombrados por ellos -con el beneficio que ello les concede- o se benefician de forma inmediata de la figura extraordinaria del indulto -previsto para otras cuestiones-, a lo que añadimos el coste social y económico que estos programas suponen, su desarrollo será lento y su beneficio no se comprobará en mucho tiempo.

Cada día más se pide en las grandes empresas los conocimientos de compliance, se generan departamentos de prevención, pero su desarrollo podría ser mucho más importante y sus beneficios no se comprobarán en mucho tiempo.

Como siempre, tenemos políticos incompetentes que no generan programas de prevención social, económica, sanitaria, hidrológica o climática, jurídica, etc., que no quieren someterse al control de los ciudadanos a los que somete a 'minimización' en plena pandemia y se dedican a imponer modelos de actuación al ciudadano que ellos ni quieren, ni creen, ni les son de aplicación, pero usan publicitariamente…. ¿hasta cuándo?