La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, declaró ayer que la actual legislatura autonómica llegará hasta el final “porque a la Comunidad le hace falta". Pero sus declaraciones, loables, sin duda, son tan solo una buena intención, ya que las matemáticas actuales de las Cortes de Castilla y León constatan un riesgo cierto de que el PSOE pueda intentar a finales de marzo de 2022 otra moción de censura.
La moción de censura que el PSOE interpuso contra el gobierno de coalición PP-Cs en la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo no prosperó, pero sí propició importantes daños colaterales. El más notorio fue la pérdida de la mayoría absoluta del gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, ya que una de las procuradoras de Cs, María Montero, abandonó por sorpresa su grupo parlamentario en esas fechas y pasó a la condición de procuradora no adscrita.
Desde entonces, el gobierno regional se halla en una situación de precariedad, que va sorteando como puede en el día a día. La mayoría absoluta en las Cortes regionales exige contar con 41 de los 81 procuradores de la cámara. En la situación actual, el PP aporta 29 y 11 Cs, de manera que solo suman 40. Es decir, necesita negociar cada una de sus iniciativas con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con las formaciones minoritarias más afines que se aglutinan en el Grupo Mixto: Vox, UPL y Por Ávila
El Parlamento regional entra ahora en la fase de aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad para 2022, otra prueba de fuego para el gobierno que lideran Mañueco e Igea. Parece que las conversaciones con Por Ávila, formación escindida del PP que obtuvo un escaño en la cámara regional, van por buen camino, pero a fecha de hoy sigue sin estar garantizada la estabilidad en el gobierno regional.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha advertido: sin estabilidad en el gobierno no le quedará otra opción que convocar elecciones autonómicas anticipadas, siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
De momento, el fantasma de las elecciones anticipadas parece alejarse tras los contactos de Por Ávila. Ciudadanos, por su parte, debe garantizarle a Mañueco que en su grupo parlamentarios no habrá nuevas deserciones, como la protagonizada por María Montero.
En una situación de crisis como la que vivimos, en un momento en el que todas las fuerzas políticas y económicas deben emplear todas sus energías en la recuperación económica, para lo cual será decisiva la gestión eficaz de los fondos que ya empiezan a llegar de la Unión Europea, a la ciudadanía le costaría entender que sus gobernantes se distrajeran en querellas internas y en la convocatoria de unos comicios anticipados por cuestiones de interés partidista. Y todo, para que esos comicios tuvieran que volver a convocarse de nuevo en mayo de 2023.
Sin la mayoría necesaria, Mañueco está legitimado para convocar elecciones anticipadas. Por tanto, Ciudadanos y Por Ávila, y llegado el caso, Unión del Pueblo Leonés (UPL) (aunque sus pactos en León con el PSOE le complican ese posible apoyo) deben sentarse y negociar para que esto no ocurra.
Así pues, las elecciones anticipadas no deben ser una opción para nadie. Llegado el caso, los ciudadanos no lo entenderían. Y cada cual deberá explicar luego a sus potenciales votantes en qué medida contribuyó a que esto no sucediera o a lo contrario.
