La sanidad es un servicio ofrecido al ciudadano cubierto por el sistema público de salud, lo que en su prestación resulta gratuito, de modo que aquel que acude a una clínica privada, no estando cubierto por el sistema público, debe abonar su costo sin aplicación del IVA correspondiente por ser un servicio básico.

La Justicia debería de seguir el mismo sistema de prestación pública, sin otro coste para el ciudadano que el impositivo general y para el que precise un servicio privado acudir al profesional que no le trasladará IVA alguno.

A cambio de dicho sistema público, la Administración de Justicia debe de ser dotada de medios, profesionales, ubicaciones y servicios, no ya de una Administración ordinaria, sino muy superior por atender a uno de los tres poderes del Estado. Los funcionarios, medios, ubicaciones, etc. que cubren las Administraciones del Poder Ejecutivo (Ministerios, etc.) y los del Poder Legislativo (Cámaras) están mejor dotadas que el resto de la Administración.

Una vez dotada la Administración de Justicia, la actividad jurisdiccional y propia del Poder Judicial, debe de dotarse de controles internos y externos que impidan la corrupción y la interferencia política o social en sus decisiones, con una movilidad que impida adherencias, unos emolumentos acordes a la función, unos medios de trabajo y unos remedios procesales que permitan realizar una actividad excelente que impidan la presión, la llamada de teléfono, la indicación en un sentido u otro. Un poder del Estado con los profesionales de más alta cualificación, preparación profesional, ética y moral que apliquen el silogismo jurídico sin miedo, sin atajos, con solvencia y humildad, por ser revisados por otros de igual o de más alta preparación o con mayor tiempo de estudio y observación del caso concreto, que permita una solución ajustada a Derecho y Justa.

Que ese poder sea elegido democráticamente entre los Jueces y Magistrados que acrediten experiencia, preparación y honradez en un sistema en que el cuerpo electoral sea la totalidad de los Jueces y magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, miembros de la Administración de Justicia y operadores jurídicos, para, con esa amplia horquilla electoral profesional, impedir o dificultar la intervención política que se limitará en el Congreso y Senado a ratificar lo que las urnas profesionales puedan decidir.

Ahora estamos en periodo electoral y no he visto ni a un solo partido que abandere una reforma de la Justicia con dotaciones de recursos económicos y procesales, que la adecue a su estatus de Poder independiente y control de los otros dos y ningún partido político propone controles internos, elecciones directas o potenciación de la Justicia y de los que operan en ella, en sus diferentes facetas.

No escucho ni colegios, ni asociaciones, ni agrupaciones profesionales que luchen por esa dignificación, transparencia, democratización y excelencia, pero sí observo a mucho mangarranas criticando sentencias, sin ni siquiera haberlas leído o visto el juicio, o habiéndolo hecho de forma limitada, a mucho desgarramantas atacando el sistema judicial, sencillamente por no ser la Sentencia que esperaban ellos, sin que nadie lo defienda.

Sin justicia, educación, sanidad y policía nos hundimos en la miseria. Ojalá fuesen competencias únicamente estatales y se desarrollasen actuaciones para su dignificación, valoración y excelencia.

La preparación y solvencia son importantísimas, pero el modo de hacer, la sensibilidad, la honradez, la seriedad y la comprensión del papel que cada uno ocupa, sin prepotencias, sin desagradables formas de actuar, con educación y la distancia justa que evite displicencia o interferencia, es fundamental y, todo esto, se está perdiendo, para tener una Justicia grosera, inconsistente y sojuzgada.