Ramón Lázaro, el empresario detenido en una operación de Interpol
UGT pide garantías para los trabajadores en Valladolid de Ramón Lázaro, detenido en una operación de la Interpol
El sindicato recuerda que la administración competente puede ser responsable subsidiaria en caso de incumplimientos laborales.
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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid ha exigido este jueves "garantías" para los trabajadores afectados por la detención del empresario Ramón Lázaro, expresidente del CD Tudelano, dentro de una operación contra el blanqueo y fraude en la que ha participado la Interpol.
También han pedido a las administraciones públicas que "cumplan y hagan cumplir la ley", evitando que las empresas sancionadas o inhabilitadas vuelvan a gestionar servicios esenciales.
En este sentido, según han recordado, Lázaro había presentado una oferta en el concurso del servicio de socorristas, que fue convocado por la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid en septiembre de 2025.
Sin embargo, el empresario se presentó aunque "ya pesaba sobre él una inhabilitación firme para contratar con cualquier administración pública desde julio de ese año por resolución del Ministerio de Hacienda".
"Si bien obtuvo la mejor puntuación técnica y económica, 'solo' fue excluida porque no logró justificar una oferta anormalmente baja", han añadido.
Esta situación "se agrava" si se tiene en cuenta que el sindicato, según sus responsables, han acompañado durante años a trabajadores de empresas vinculadas a Lázaro, viéndose afectados por "impagos, retrasos salariales y condiciones laborales irregulares".
"Son casos reales, documentados y denunciados ante las administraciones competentes, que evidencian un modelo empresarial basado en la precarización de las condiciones laborales", han precisado.
Además, han recordado que ante contratistas que incumplan sus obligaciones laborales, la responsabilidad subsidiaria puede ser de la parte contratante, "en este caso el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Deportes".
Por todo ello, han considerado que la contratación pública "no puede basarse en ofertas temerarias ni en empresas con antecedentes de incumplimiento y sancionadas por el Ministerio de Hacienda porque las primeras perjudicadas son siempre las personas trabajadoras y los usuarios de los servicios que prestan".
