Imagen recurso de la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
La patronal autonómica advierte: ignorar a las pymes pone en riesgo el empleo y la población en Castilla y León
CEOE CYL denuncia el deterioro del diálogo social y reclama medidas urgentes que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las microempresas y autónomos frente a la sobrerregulación.
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CEOE Castilla y León respalda a Cepyme en un momento que consideran crítico para las pequeñas y medianas empresas.
La patronal autonómica ha mostrado su firme respaldo a la organización nacional, compartiendo una preocupación que va más allá de los números: el sentimiento de que se está dejando de escuchar a quienes levantan la persiana cada día.
Para las empresas de nuestra Comunidad, el diálogo social está sufriendo un deterioro progresivo que ignora la realidad de las organizaciones empresariales en decisiones que les afectan de lleno.
Desde la confederación se recuerda que las pymes no son solo una parte de la economía, sino la inmensa mayoría del tejido productivo y del empleo en Castilla y León.
Ignorar su situación, especialmente la de las microempresas y los autónomos, es para la patronal una receta que solo conduce a la incertidumbre.
Advierten que cada medida tomada de forma unilateral, sin tener en cuenta la capacidad real de adaptación de los negocios, pone en serio peligro la competitividad y la cohesión de nuestro territorio.
Un día a día marcado por las trabas
La organización coincide con Cepyme en señalar los tres grandes muros que frenan la actividad empresarial: un exceso de burocracia que asfixia, una sobrerregulación constante y un incremento de los costes laborales y operativos que no da tregua.
En una tierra como la nuestra, donde la pequeña empresa es la que mantiene vivo el empleo y ayuda a fijar población en el mundo rural, estas dificultades se sienten con el doble de intensidad.
Ante este escenario, CEOE Castilla y León reclama volver a un diálogo social "real y efectivo", que no se limite a la foto, sino que se base en una escucha transparente de las necesidades de las empresas.
Entre sus prioridades destacan la reducción de las cargas administrativas y la creación de incentivos que realmente faciliten la inversión, la innovación y la digitalización, garantizando siempre la seguridad jurídica necesaria para que los empresarios puedan proyectar su futuro con confianza.