Un jabalí en Castilla y León
Pacma, contra los cazadores: "Crían jabalíes en cautividad, crean el problema y luego se venden como la única solución"
La formación animalista denuncia que el "exterminio" de estos animales es fruto de una "gestión nefasta y sangrienta en la que hay un despilfarro de dinero público".
Más noticias: Castilla y León da barra libre para la caza de jabalíes sin límite: "El objetivo es reducir la población, hay unos 250.000"
El partido animalista Pacma ha señalado este miércoles a los cazadores como los causantes del problema de sobredensidad de jabalíes en España, que ha empujado a varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, a consecuencia de la reaparición de la peste porcina africana a impulsar medidas de emergencia para controlar la población.
"En España existen multitud de granjas cinegéticas y cotos intensivos donde se crían jabalíes en cautividad para luego soltarlos y matarlos. Crean el problema para luego venderse como la única solución y la administración les compra el discurso con el dinero de todos", han denunciado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
Fruto de un brote de la peste porcina africana en jabalíes de Cataluña, varias comunidades autónomas entre las que se encuentra Castilla y León han impulsado medidas de emergencia para tratar de reducir la población de estos ejemplares. Por ejemplo, aquí se ha abierto la caza de este animal durante este año, sin límites y con técnicas que antes estaban prohibidas.
Sin embargo, desde Pacma precisan que existe una "gestión nefasta y sangrienta" de la fauna silvestre en nuestro país, después de que distintas comunidades autónomas estén "destinando partidas millonarias de dinero público para financiar a los cazadores bajo la excusa del control poblacional de jabalíes, sin recurrir a métodos éticos y científicos que han demostrado ser más eficaces en otros países europeos".
En este sentido, han considerado que "aquí no hay una gestión, sino puro exterminio y negocio". Han explicado que, según los datos que han podido recopilar desde Pacma, existe un goteo de subvenciones "incesante" para la caza de jabalíes.
Precisamente, ponen el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde se han anunciado ayudas directas de hasta 40 euros por jabalí abatido a los cotos de caza, o partidas que rondan los 900.000 euros para el control en municipios y un extra de 300.000 euros para las sociedades de cazadores.
También se han referido a "casos similares" en Galicia, donde se hay convocatorias de 275.000 euros para gestión cinegética, o Extremadura, que destina 300.000 euros a subvenciones para cotos. "A nivel estatal, se estiman en más de 1,4 millones de euros las ayudas para el fomento de esta actividad", han añadido.
El presidente de Pacma, Javier Luna, ha puntualizado que "están pagando a los pirómanos para apagar el fuego", en un contexto en el que las administraciones públicas "han demonizado al jabalí, presentándolo como una plaga sin base científica, para justificar que los cazadores maten a sus anchas con el bolsillo lleno de dinero público".
En este sentido, ha asegurado que la "realidad es que se está financiando un negocio que se retroalimenta" y ha lamentado una "contradicción flagrante" entre la gestión que existe en España y la de otros países cercanos.
De esta manera, han aclarado que en Alemania la normativa protege a las matriarcas de las piaras, pues su "eliminación desestructura los grupos y provoca una dispersión y reproducción descontrolada de los ejemplares jóvenes". Situación que choca con España, donde "se premia la matanza indiscriminada".
El partido animalista ha insistido en que la raíz del conflicto "no son los animales, sino la invasión y destrucción de su hábitat natural, que empuja a las poblaciones hacia zonas urbanas y cultivos".
"En lugar de invertir en pasos de fauna, repelentes olfativos, esterilización (vacuna inmunocontraceptiva) y protección de los ecosistemas, se opta por la vía fácil y cruel del plomo", han criticado.
Por todo ello, Pacma ha exigido el "cese inmediato de las subvenciones al lobby de la caza" y ha pedido que se implementen planes de gestión ética poblacional que estén basados en científicos independientes y "no en los intereses económicos del sector cinegético".