La Alianza UPA-COAG ha rechazado la norma de bienestar animal que preparan los responsables de la Comisión Europea, entre otros motivos, por su intención de reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilos por metro cuadrado, lo que implicaría que el número de aves en las granjas tendría que reducirse aproximadamente un 70 % y, por tanto, que los ganaderos de Castilla y León tuviesen que realizar elevadas inversiones en un momento en el que, según explican, todavía no se han recuperado de los préstamos solicitados para cumplir las normas establecidas antes del 2012. 

"Nuestra organización considera que cualquier Ley que restrinja aún más la norma sobre bienestar animal pone en riesgo el futuro del sector del porcino, aves y conejos de nuestra comunidad autónoma, puesto que son elevadísimos los riesgos, costes y necesidades que implicaría cualquier eliminación de jaulas, restricciones en el transporte de animales vivos o reducción de animales en las granjas de tres sectores relevantes en la economía regional", han expresado. 

En este sentido, aseguran que serían más de 5.000 las explotaciones de porcino, aves y conejos de la Comunidad que se verían afectadas por esta medida que definen como "restrictiva", así como que esta supondría una repercusión económica muy gravosa, sobre todo, para las explotaciones familiares ganaderas, pequeñas industrias rurales y consumidores, teniendo en cuenta que los precios de la carne aumentarían, según UPA-COAG, masivamente. 

"El impacto económico a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el ganadero de una explotación familiar. Se entiende que la bajada de producción repercutirá en un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor, que tendrá muchas dificultades para acceder a productos básicos para su alimentación convirtiéndose la carne de porcino, de pollo o de conejo en productos consumibles de lujo", explican desde la Alianza. 

Además, denuncian que la aplicación de este tipo de propuestas también tendría como consecuencia el cierre de pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales, la pérdida de competitividad y el aumento de las importaciones. 

La Alianza UPA-COAG ha querido recordar las diferencias que existen entre países de Sudamérica y Europa en legislación sobre bienestar animal y las graves implicaciones que la entrada en vigor de las medidas europeas podría tener sobre Mercosur, teniendo en cuenta además que dejarían una puerta abierta a prácticas de competencia desleal con terceros países.