Castilla y León reduce su deuda al nivel más bajo de la última década y mejora su calificación financiera

Castilla y León cerró 2024 con una deuda de 14.239 millones de euros, lo que equivale al 18,9 % de su Producto Interior Bruto (PIB). Este nivel de endeudamiento es menor que la media de las comunidades autónomas en España, que se sitúa en el 21,1 %.

Gracias a esta reducción de la deuda, la agencia Moody’s ha mejorado la calificación financiera de la comunidad, pasando de "perspectiva estable" a "perspectiva positiva".

El Banco de España destaca que Castilla y León solo representa el 4,24 % del total de la deuda autonómica española, que asciende a 335.977 millones de euros. Además, su gestión financiera ha permitido mantener los servicios públicos sin afectar su calidad.

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Otro aspecto positivo es que la mayor parte de la deuda de Castilla y León está pactada a largo plazo (99,4 %) y con un tipo de interés fijo en su mayoría (71,1 %), lo que reduce riesgos ante posibles subidas de intereses.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al cierre de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 20,7 %, con 2.950 millones de euros.

En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros –en concreto, el 12,5 %- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.

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Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.590,9 millones de euros, un 11,2 % de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96,6 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,4 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,6 % firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 71,1 % está concertado a tipo de interés fijo y el 28,9 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y está en su totalidad suscrita en euros.