La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha trasladado en la mañana de este lunes a los agentes sociales y económicos la propuesta de colaboración para extender la implantación del SERLA a todas las provincias de la comunidad autónoma. 

Según indicó, esta supone la cofinanciación de esta extensión a todas las provincias por parte de los sindicatos UGT, CCOO y la patronal Cecale, en vez de la financiación pública al 100% que recibe en la actualidad en Valladolid. 

Así, en esta propuesta, dijo, se ha tenido en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el hecho de que existe, en todas las provincias de Castilla y León, un servicio público dependiente de la Junta de Castilla y León (el SMAC) que realiza las funciones de mediación y conciliación en los conflictos individuales que se suscitan entre trabajadores y empresarios, de modo que la "prestación del servicio a los ciudadanos esté garantizada por la Administración Autonómica en todo momento".

En segundo lugar, la difícil situación económica provocada por la COVID-19 que exige concentrar todos los recursos de la Consejería en ayudar al mantenimiento del empleo y de las empresas. En este sentido, hay que recordar que la Junta de Castilla y León ya financia íntegramente los costes del actual sistema de mediación y conciliación que han puesto en marcha sindicatos y patronal para la resolución de conflictos colectivos, destinando más de 700 mil euros anuales al sostenimiento del SERLA, incluyendo el mantenimiento de la sede, los servicios administrativos, los costes materiales, las inversiones necesarias y los honorarios de los 36 mediadores de los que dispone actualmente el SERLA.

Por último, la Consejería asegura respetar la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales en los procesos de negociación colectiva, marco en el que decidieron que el SERLA extendiese sus funciones a la resolución de los conflictos individuales, sustituyendo el servicio que presta la Junta a través del SMAC. 

Así, la oferta de la Junta de Castilla y León pasa por cofinanciar los costes del SERLA con contribuciones iguales de todas las partes que lo integran (Administración Autonómica, CCOO, UGT y CECALE). Esta aportación cubriría tanto los gastos actuales como los necesarios para extender el SERLA a todas las provincias, incluyendo el sostenimiento de las sedes, los servicios administrativos, los gastos de equipamiento y material y el abono de los honorarios de la red de mediadores.

Paralelamente, como consecuencia de la aportación económica de la Junta de Castilla y León, se hace necesaria la aplicación de los criterios de transparencia y rendición de cuentas, además de un sistema objetivo y transparente para la designación de los mediadores que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Para la Junta no es necesario extenderlo

La consejera consideró en las preguntas de los periodistas que no es necesario extender el Serla y menos en un momento como el actual, en el que se duplicaría el coste para todos los ciudadanos. De hecho, la proyección realizada es que el llevar el servicio a todas las provincias y el Bierzo supondría unos seis millones de euros lo que, con la propuesta realizada por la Junta cofinanciada a partes iguales por sindicatos, patronal y Junta. 

Esta propuesta se trasladará por escrito a las partes así como el compromiso de la Junta de seguir manteniendo tal cual existe en la actualidad. "No es el momento", dijo con respecto a su ampliación, aunque comunicó el compromiso inequívoco de la Junta con el Diálogo Social, donde ha aportado ya más de 44 millones de euros.