La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha enviado dos comunicados a los ministerios competentes, pidiendo la derogación la gestión del alta en la Seguridad Social para los estudiantes de Formación Profesional o, alternativamente, postergar su entrada en vigor hasta el año 2025. Este tema fue uno de los puntos centrales abordados durante la Conferencia Sectorial de Educación, llevada a cabo esta tarde en Madrid y en la que participó la consejera de Educación, Rocío Lucas.

En el encuentro, Rocío Lucas enfatizó la necesidad de un sistema "fiable y viable" para proteger a los estudiantes y prevenir efectos negativos que puedan comprometer las prácticas curriculares y las titulaciones. La Junta de Castilla y León ha instado al Gobierno de España a convocar un comité técnico para implementar esta medida de manera uniforme en todo el territorio, examinar los resultados del grupo de trabajo de pilotaje y establecer "un sistema de gestión efectivo, técnicamente viable y ensayado".

La normativa, programada para entrar en vigor el 1 de enero, podría desincentivar a las empresas e instituciones, poniendo en riesgo el sistema de prácticas. Según Castilla y León, este es uno de los posibles efectos no deseados de la nueva normativa en su forma actual.

La Consejería de Educación también subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica en esta normativa. Lucas destaca que la administración debe asegurar que los estudiantes de Castilla y León puedan obtener títulos y realizar prácticas de calidad.

La Junta de Castilla y León ha señalado que no se puede pedir a los jóvenes que renuncien a formarse debido a la imposibilidad de cotizar, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables, como aquellos que reciben prestaciones por desempleo o subsidios, así como a los estudiantes de certificados emitidos por las consejerías de Empleo que también enfrentan dificultades para cotizar.

Así, el Gobierno Autonómico anticipa que la implementación de esta normativa generará un aumento significativo en la carga de trabajo de gestión en los centros educativos, las direcciones provinciales y los servicios centrales, lo que resultará en un sobrecoste que las comunidades autónomas deberán asumir. Rocío Lucas concluyó solicitando el financiamiento de esta medida, tanto en los costes de las cotizaciones como en los recursos humanos necesarios para gestionarla.

En el turno de ruegos y preguntas, la consejera de Educación de la Junta solicitó la convocatoria de una reunión monográfica sobre el estado actual de la educación en todo el territorio nacional.