Telemadrid está en el punto de mira de la derecha y la extrema derecha. Tanto es así que una de las exigencias de la líder de VOX en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, a la presidenta de la región Isabel Diaz Ayuso es su cierre durante los dos próximos años de legislatura.

"Hay que cerrar Telemadrid porque ni es un servicio público y es necesario. Es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año, 74 millones al año. ¿Por qué hay que pagar de nuestro bolsillo a quien nos insulta cada día en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata, habrá que drásticamente reducir su coste", decía este viernes la política de extrema derecha en la Asamblea de Madrid durante la última sesión del debate de Ayuso.

Según publicó ABC, la presidenta popular prepara un cambio de ley para controlar el nombramiento de la dirección de Telemadrid. Los términos de la modificación legal "aún están por definirse" y se enmarcan en las negociaciones entre el PP y Vox para el acuerdo de investidura de Ayuso.

Desde su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ayuso siempre se ha mostrado muy contraria a la actual Telemadrid, llegando a decir que "no es un servicio público esencial" o que es "la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica".

Tal es su animadversión hacia la televisión pública que ha descartado a la televisión autonómica para la producción y realización del acto oficial de su toma de posesión. Esta medida, que es continuación de la decisión del Gobierno regional de excluir a Telemadrid en la producción de los actos del Día de la Comunidad de Madrid, el pasado 2 de mayo, ha rotoasí con la tradición que siempre ha encomendado a la televisión pública de Madrid la realización de la señal institucional de este acto.

Por este motivo, el Consejo de Administración de RTVM, en el ejercicio de las funciones que le están encomendadas legalmente, ha manifestado que "dicha decisión afecta al papel institucional de la televisión pública autonómica y que supone un vaciamiento de las funciones que la ley 8/2015 prevé para la prestación del servicio público audiovisual. Resulta llamativo que sea el propio Gobierno regional, accionista único de Telemadrid, quién adopte este tipo de decisiones que afectan a las funciones más básicas que se esperan de la televisión pública y a su papel en la sociedad madrileña".

El Consejo ha querido subrayar además "el alcance económico que supone esta decisión. Telemadrid, como empresa pública, está preparada para canalizar la actividad audiovisual institucional de la Comunidad de Madrid con sus propios presupuestos, evitando así cualquier tipo de gasto adicional de la Administración madrileña que pueda suponer un uso no eficiente y razonable de los recursos públicos ya comprometidos".