Un día amanece… y todos los administradores de fincas colegiados han desaparecido sin dejar rastro

Imaginemos un día cualquiera. Nada extraordinario: sol o nubes, tráfico habitual, el café de siempre. Pero algo falla. Nadie contesta al teléfono en los despachos de administración. Los correos rebotan. Los WhatsApps se quedan en el vacío. Hay incidencias en los edificios, no se pueden comunicar a nadie. Un siniestro. En el Ayuntamiento, han dejado plantado al concejal de urbanismo que quería hablar del plan de rehabilitación de algunos barrios. Ese día, de repente, no hay ningún administrador de fincas.

Suena a distopía, pero es un ejercicio mental que merece la pena hacer. Porque en el preciso instante en que esa ausencia se hiciera real, empezaría el caos silencioso: las pólizas de seguro que vencen ese día no se renuevan. Los recibos de comunidad no se pasan al cobro. Las subvenciones para rehabilitación energética —esas que llevan meses tramitándose— no se presentan a tiempo y caducan. La fuga de agua del tercero izquierda sigue sin que nadie la gestione. Las obras en los edificios se paralizan porque el técnico no tiene con quién coordinarse. Y en la comunidad, el vecino de siempre, ese que lleva meses ejerciendo su negocio en aquel local comunitario, sin permiso de nadie, se hace fuerte. No hay nadie que le pare los pies.

Esta idea no es solo un ejercicio literario. En las recientes Jornadas de Comunicación celebradas en Calatayud, organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, Sebastián Cucala, hizo que me acordara del post que publiqué en Linkedin hace unos meses, apuntando exactamente en esa dirección: la necesidad de explicar a toda la sociedad el papel de los administradores de Fincas Colegiados con una campaña de ese tipo. No como una provocación, sino como una pedagogía necesaria.

Porque el problema de fondo es este: los administradores de fincas colegiados son vitales, pero su profesión carece en España de la protección que tiene cualquier otra de sus mismas características. La colegiación garantiza la formación, la responsabilidad civil y la sujeción a un código deontológico. Sin embargo, el art. 13.6 LPH dispone que el cargo de administrador, y en su caso el de secretario-administrador, puede ser ejercido por cualquier propietario, o personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer esas funciones e incluso por corporaciones u otras personas jurídicas en los términos del ordenamiento jurídico. Es decir, que queda abierta la posibilidad de que cualquier persona pueda gestionar el bien material más importante de miles de familias, su vivienda, sin acreditar ninguna formación, sin suscribir ningún seguro, sin responder ante ningún organismo. Y eso, en pleno 2026, es una anomalía que ya no tiene justificación.

No se trata de corporativismo. Se trata de protección al ciudadano.

Los datos no engañan. Un reciente informe elaborado en Italia —cuyo mercado inmobiliario es un espejo adelantado del español— señala que más de la mitad de los propietarios está insatisfecho con la gestión de su comunidad, y atribuye esa insatisfacción, precisamente, a la deshumanización del servicio, a administradores que gestionan a distancia, atrincherados tras una aplicación, sin pisar los edificios ni conocer a las personas que viven en ellos. La conclusión de los expertos italianos es inequívoca: "El mercado premia a quienes logran reconectar con el tejido social de los edificios." Dicho de otra manera: la tecnología no sustituye a la persona. Sustituye a quien no debería haber estado ejerciendo.

Mientras tanto, en España los administradores de fincas colegiados hacen su trabajo con responsabilidad. Son interlocutores clave en la aplicación de normativas complejas, han participado en los talleres deliberativos de la Ley de Vivienda de Aragón, forman parte del Observatorio de la Rehabilitación de Edificios. Son quienes explican a miles de comunidades cómo tramitar las subvenciones europeas para eficiencia energética, cómo regular los pisos turísticos, cómo instalar puntos de recarga eléctrica en el garaje, cómo conseguir instalar un ascensor… Son quienes lideran la gestión de un incendio, una inundación, una catástrofe. Y son, en muchos casos, el único hilo que conecta a personas mayores, que viven solas, con el mundo exterior.

Los colegios de administradores de fincas son la única estructura organizada, formada y con presencia real en cada edificio, cada comunidad, cada ciudad. Ignorar eso, es un error con consecuencias.

La obligatoriedad de la colegiación no es una demanda gremial. Es una demanda de calidad y de seguridad jurídica para los ciudadanos. Es coherencia.

El día en que no haya administradores de fincas no va a llegar. Pero sí llegará el día en que la ley reconozca plenamente la profesión. Y es entonces cuando habremos hecho un buen trabajo todos en aras del bien común.