Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal.
El alcalde de la ciudad en 1982, Ramón Sainz de Varanda, calificaba el casco antiguo como "un lugar degradado, deshabitado o poblado por una sociedad envejecida". La cuestión es que el Plan Especial para proteger el Patrimonio Histórico-Artístico que se iba a aprobar poco después, tenía un afán muy conservador que no iba a ofrecer soluciones.
Como decía la Cámara de la Propiedad Urbana, era necesaria la limpieza de las zonas y de las viviendas de ínfimas condiciones para poder ofrecer una vida digna; salvar lo que era digno de conservar, sin que la mayoría de los edificios que se pretendía catalogar constituyeran patrimonio arquitectónico o cultural; que solo por ser antiguo o viejo no era digno de mérito o de historia.
Con la catalogación se iba a dificultar la renovación de las edificaciones, por lo que el casco antiguo quedaría al margen del desarrollo urbano de la ciudad; que mantenerlo hermético y cerrado supondría una falta de evolución del espacio de la ciudad, que no se podría integrar en la constante evolución que exige la vida de la ciudad.
Señalaban que si no se hubieran abierto las calles Alfonso, Yedra (San Vicente de Paul) y Conde Aranda, el casco todavía sería más cerrado, macizo, inactivo y muerto.
Que ras un intenso apiñamiento de estrechas callejuelas, que daba sensación de ahogo por total ausencia de espacios libres y abiertos, que faltaban espacios abiertos y soleados, plazas, paseos limpios y no la suciedad de sus calles y el desprecio por los jardines.
"Que había que intentar la RECUPERACIÓN SOCIAL del casco, creando el imprescindible equipamiento urbanístico, abriendo calles que favorecieran la rehabilitación y renovación de las viviendas con nuevos hogares de características de habitabilidad y comodidad que a entonces se consideraban imprescindibles para la población y para la calidad de vida que queríamos para la ciudad".
Decía la Cámara que el Plan Especial sería otro más y que no ofrecería soluciones posibles o realidades positivas con su aplicación porque no era más que un inventario de casas viejas que, conservadas para morada humana, eran demasiadas, por lo que se acabaría degradando la vida de quienes los habitaban con evidente incomodidad e insalubridad. En resumen, que sería un milagro que el llamado casco histórico mejorara en habitabilidad con la idea conservadora, hermética y cerrada del Plan Especial.
Abogaba por abrir plazas, ensanchar calles, hacer accesible el casco, equiparlo con servicios urbanos para ser soporte de una población sociológicamente mejorada. "Siempre salvando la singularidad que exija la salvaguardia de algún pequeño rincón dentro de los barrios, ya por el carácter excepcional de algún edificio, ya por la propia naturaleza armoniosa de un restringido conjunto".
Por otra parte, señalaba que se debía ser consciente de que la mejora del casco, sin todas las obligaciones y limitaciones (algunas muy extremas o excepcionales) contempladas en el Plan, beneficiaría a toda la ciudad, por lo que la labor no podía ni debía cargarse sobre unos pocos ciudadanos, los habitantes, los comerciantes y los propietarios, que no se les podía exigir más de lo que hacían por mantener su condición de modestos propietarios urbanos.
Añadían que "cuando sea precisa la imposición de cualquier tipo de restricciones u obligaciones, se cumpla también de modo obligado y con escrupuloso rigor, el eminente principio de correlativa justicia de compensación de tales cargas", cargas que deberían ser asumidas en su justa medida por el Ayuntamiento por otros Organismos.
Consideraba la Cámara que la exhaustiva catalogación de edificios que hacía el Plan Especial no era válida ni podía serlo, ya que no se había abierto un expediente individualizado para cada finca, ni se había contado con dictámenes de Academias Instituciones y Organismos de quien poder oír y escuchar su valiosa opinión e informe al respecto y ni tan siquiera oír administrativamente a cada uno de los afectados.
Tampoco se ejecutó la catalogación con unas bases precisas y válidas, previamente aprobadas, que definieran con precisión y claridad los criterios a emplear, sin que pudieran existir interpretaciones o caprichos, sin garantías de seguridad jurídica.
Finalmente, se señalaba que el Plan Especial de Protección era absolutamente importante para la ciudad y de consecuencias graves para ella.
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