Incluida en el pacto para aprobar los presupuestos de Natalia Chueca por parte de VOX estaba la ordenanza cívica. Esta normativa ya tuvo su primera versión durante el mandato de Belloch, pero fue derogada en 2012 tras el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida, precisamente por su utilización como instrumento de control social y represión política.

Los antecedentes hablan por sí solos: durante su vigencia anterior, la ordenanza se empleó para perseguir la disidencia. Las notificaciones sancionadoras llegaron a activistas del colectivo ciclista, a participantes del movimiento 15-M e incluso a miembros de asociaciones vecinales de Torrero. No se trataba de mantener el "orden cívico", sino de amedrentar a quienes ejercían su derecho a la protesta y la reivindicación.

Zaragoza quiere demostrar que es una ciudad "en la que merezca la pena vivir", decía la alcaldesa Chueca tras la primera reunión de trabajo. Más allá de que nos haya robado la expresión —tomada de discursos ecologistas y feministas—, conviene pararse a reflexionar: ¿qué significa que una ciudad merezca la pena? ¿Para quién? ¿Bajo qué condiciones?

La ordenanza cívica, como otras similares en distintas ciudades, se presenta como una herramienta para garantizar la "convivencia". Sin embargo, su aplicación suele traducirse en la criminalización de la pobreza: prohibir dormir en la calle, perseguir la mendicidad o multar el consumo de alcohol en espacios públicos no resuelve los problemas de fondo, sino que los esconde bajo una falsa pulcritud urbana. Me pregunto qué entiende por civismo el PP que estuvo en contra de la asignatura “Educación para la ciudadanía” con el argumento de que invadía competencias de las familias y presentaba riesgos de adoctrinamiento.Tan poco les gustaba educar a la infancia en valores cívicos que con la llegada al gobierno central de M.Rajoy fue eliminada, y ahora ¿quieren adoctrinarnos VOX y el PP desde el ayuntamiento de Zaragoza?

Como feminista, pensar en una vida que merezca la pena ser vivida, o una ciudad, me lleva directamente a Yayo Herrero, referente ecofeminista, y que nos invita a "mirar distinto para imaginar". ¿Qué pasaría si, en lugar de perseguir a las personas sin hogar, garantizáramos vivienda digna? Si, en vez de multar a quien duerme en un banco, hubiera centros de acogida accesibles. La ciudad que merece la pena no es la que expulsa a los pobres, sino la que cuida de ellos.

También recuerdo la ponencia de Amaia Pérez Orozco en la Universidad de Zaragoza el 6 de marzo de 2018 cuando nos planteó “Deberíamos plantearnos qué idea de vida merece la pena ser vivida de manera colectiva y democrática”. ¿Es la ordenanza cívica la respuesta? No, ya que impone un modelo de ciudad donde solo tienen cabida quienes pueden pagarla. ¿Dónde queda el derecho a habitar el espacio público? ¿A protestar, a reunirse, a existir sin ser criminalizado?

Una ciudad que merece la pena no se mide por sus fachadas impecables, sino por su capacidad de acoger, de incluir, de permitir que la vida fluya más allá del control policial.

Con un botellón ya penalizado, la ordenanza cívica ¿va a meter mano a las terrazas que proliferaron en la pandemia y que impiden el descanso de cientos de zaragozanos? Colectivos como Stop Ruido Zaragoza, que llevan años denunciando la contaminación acústica y sus efectos en la salud, han expresado preocupación por cómo se redactan estas ordenanzas. Aunque reconocen la necesidad de regular ciertos comportamientos —como el exceso de ruido en zonas residenciales—, advierten de que, si no se hace con precisión y diálogo, se corre el riesgo de que se conviertan en herramientas arbitrarias."No se puede mezclar el control del ruido con la persecución de la pobreza", señalan, reclamando que las normativas sean claras y no dejen margen para la discriminación.

Si Zaragoza aspira a ser un lugar donde la vida merezca la pena, debería empezar por escuchar a quienes hoy son excluidos. ¿Piensa la señora Chueca que las personas sin hogar que viven en las calles de nuestra ciudad se merecen una ciudad donde merezca la pena vivir?, si este consistorio fue capaz en 6 meses de dar una solución para la Romareda, ¿por qué no trabajan al mismo ritmo para dar una vida digna a estas personas?

Las ordenanzas represivas no solucionan la desigualdad; la profundizan. Frente a la lógica del castigo, necesitamos políticas que prioricen el cuidado, la redistribución y el espacio público como lugar de encuentro, no de vigilancia.

Como dice Herrero, "mirar distinto" es el primer paso. Quizás así empecemos a imaginar —y a construir— una ciudad que merezca la pena… para todas.