El Gobierno central ha elaborado un anteproyecto de ley sobre el lobismo. Años, décadas, se lleva hablando de este asunto que, más que azuzar a los lobos, aburre a las propias ovejas. No sé si será un flamante anteproyecto que empodere, ilumine y dé esplendor a la transparencia del mundo mundial o, por el contrario, se quedará en un modesto proyectito, sin más. Lo importante es que, por fin, el parto de los montes habrá alumbrado algo.

Juan Francés escribió un libro sobre el asunto de los asuntos públicos. Acierta con su título, “¡Que vienen los lobbies!”. Pareciera que los lobis, los lobistas que hacen lobi, no fueran profesionales de los asuntos públicos, de la defensa de intereses, sino una suerte de marcianos invasores que se valen de las sombras y el sigilo para avanzar en “oscuros intereses”, como decía un célebre -y ya algo gastado- ecologista venido a menos cuando no sabía cómo manchar a la institución de turno.

Siento decepcionar, amigas ovejas, pero los lobies no son temibles animales fieros, sino solo grupos de interés normales y corrientes, que se organizan en asociaciones, agrupaciones, colectivos empresariales, territoriales, sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro… o con mucho propósito de lucro.

Estos grupos de interés se organizan para trasladar su punto de vista, sus intereses, su postura para defender su posición legal y legítima e influir en la opinión pública y en los procesos legislativos, sean internacionales, europeos, nacionales, autonómicos o locales…

Los grupos de interés pueden organizarse con medios propios o recurrir a los servicios de empresas especializadas en los asuntos públicos, que disponen de experiencia y una amplia agenda de contactos que les permiten un adecuado acceso allí donde interesa hacer llegar y defender su posición. Las consultoras de asuntos públicos informan, proponen, complementan, aportan a cada uno (a cada stakeholder), sea partido, institución…

El anteproyecto de ley, aún recién horneado, habla de que cada propuesta normativa tendrá que ir acompañada de un informe, a modo de huella, sobre qué grupos de interés ha trasladado propuestas en el recorrido. Pues vale.

Hay alguna asociación profesional del asunto de los asuntos que tendrá que dedicarse a hacer calceta a partir de ahora, porque parecía que volcaba todo su esfuerzo en que se presentara tan dichosa ley. Aleluya.

El trabajo del lobista se ha pretendido encriptar, caricaturizar, como si fuesen hombres grises de Momo, con apariencia algo más hollywoodiana. Hasta el propio Juan Francés decora su portada con un subtítulo sobre “el opaco negocio de la influencia en España”.

Se estima que, en Bruselas, una de las capitales del lobismo, existen más de 12.000 profesionales y empresas dedicadas a los asuntos públicos enfocados a las instituciones europeas. No sé si son mucha o pocas, pero se habla de 12.000.

Más abultado es el dato con que el gobierno central justifica su anteproyecto sobre los asuntos públicos, con la sorprendente cifra de que en España hay más de 28.000 lobis. Mucho lobi me parece a mí para tan poca mariposa, que diría Siniestro Total, o tan poca oveja, en este caso.

Porque, para contar 28.000, o bien hay mucho lobista individual, o contamos a los meros escribidores de artículos de opinión y de cartas al director, o no da para tanto la cantinela del presidente Pedro y el lobi. Bienvenida sea la claridad normativa. Bienvenida sea la transparencia, por supuesto. Aunque solo sea para pasar página y a otra cosa mariposa.

Eduardo Sánchez Salcedo, periodista