La Formación profesional tal y como está planteada en Aragón es fundamental para crear perfiles cualificados para nuestras empresas, que cubran la demanda cada vez más exigente del mercado laboral. Es un sistema crucial para formar a los trabajadores y trabajadoras del futuro.

En el actual curso 2024-2025 la Formación profesional se ha modernizado a través de una nueva ley que ha incorporado tres grandes novedades. En primer lugar, con ella se hace realidad la Formación Dual en empresas para todos los ciclos formativos, es decir, aquella que permite al alumnado recibir una formación en el centro educativo y poner en práctica lo aprendido en un centro de trabajo. Incorpora además, la formación en el centro y en la empresa desde el primer año del ciclo formativo, con estancias de mayor duración en los centros de trabajo. Y por último, todos los ciclos de Grado medio y superior contarán con nuevos contenidos basados en la digitalización, la sostenibilidad o el emprendimiento, aspectos clave para facilitar el acceso de las personas jóvenes al empleo.

Estas modificaciones se materializaron en Aragón en el decreto 91/2024 de 5 de junio del Gobierno de Aragón, pero la normativa se aprobó con celeridad, sin ninguna posibilidad de negociación ni debate y a la que UGT presentó más de 60 enmiendas, todas ellas fueron rechazadas. Su puesta en marcha ha generado dudas y confusión en los centros educativos aragoneses y cambios constantes que están repercutiendo principalmente en el alumnado.

La premura en la implantación - Aragón fue unas de las primeras comunidades autónomas en hacerlo- ha generado complicaciones a los centros por la escasez de empresas que puedan acoger a este alumnado y la carencia de experiencia de los jóvenes, que solo llevan tres meses matriculados (o incluso menos). Ha provocado un caos en los centros, que han tenido que posponer las prácticas de algunos estudiantes, sin garantías de estancia en las empresas. La solución aportada por la administración ha desencadenado otros problemas, al remitir a los centros unas instrucciones de flexibilización de su propio decreto trasladando las prácticas al mes de julio, dando lugar a dispares casuísticas y multiplicando los periodos de su realización, es decir, dificultando la programación de las clases y las evaluaciones a los centros, equipos docentes y directivos, una vez iniciado el curso.

Otra de las grandes necesidades de la Formación Profesional en Aragón es la financiación. Mientras que el número de alumnado crece anualmente, este curso lo ha hecho un cinco por ciento con cifras que ronda las 28.000 matriculaciones, las inversiones en los centros educativos no son equiparables.

No se han incrementado los recursos económicos para la renovación de maquinaria de los centros de formación profesional; en muchos casos se han reducido. Desde hace varios cursos y dada la subida del coste de suministros, las dotaciones de ambas vías se han visto reducidas en algunos casos a la mitad. Los centros en muchos casos se ven abocados a tirar de los fondos de Formación profesional para poder hacer frente al gasto de los suministros básicos como la luz, el agua o la calefacción. Por ejemplo, un centro de FP de la capital o de centros integrados de FP reciben dotaciones que rondan los siete u ocho mil euros, cuando pueden tener gastos solamente en luz, por valor de doce mil

Además, la actual política de recortes de la administración educativa ha reducido de manera sistemática las horas de dotación a los centros y, por lo tanto, ha dejado sin desdobles a familias profesionales de formación profesional. Prácticamente todos los centros de Aragón los han sufrido. Hay aulas de soldadura, cocina o manejo de maquinaria agrícola con treinta alumnos y alumnas con un solo profesor, cuando lo recomendado sería un máximo de quince, y que refleja el desconocimiento del funcionamiento de un taller de cualquiera de estas especialidades.

Otro de los obstáculos que se encuentra la Formación profesional en Aragón es la falta de profesionales. UGT lleva varios cursos denunciando en mesas de negociación la insuficiencia de docentes propiciada por diversas causas, como la falta de previsión, puestos poco atractivos o procesos selectivos insuficientes. Tampoco es de ayuda, la existencia de discriminaciones dentro de los cuerpos de profesorado de FP, con más de 500 profesionales cobrando doscientos euros menos que sus colegas de aula, cuestión que ha sido resulta ya en otras comunidades autónomas aplicando complemento autonómico, pero no así en Aragón.

Para UGT, la Formación profesional debe ser un eje prioritario en las políticas educativas en las que se garantice la dignificación de las condiciones laborales del profesorado aragonés y en concreto del profesorado técnico, que representa un pilar fundamental del sistema. Además, debe ser compromiso del Gobierno de Aragón, adecuar la oferta formativa para nutrir las necesidades laborales del mercado de trabajo, y llevando a cabo las inversiones económicas que den respuesta a la renovación de maquinarias y equipamientos obsoletos en los centros educativos y tener a nuestros futuros profesionales bien formados.

*Medea Gracia Hernández, secretaria de educación de UGT Servicios Públicos Aragón