Las consecuencias de la Guerra en Irán, un mes después: "El gasoil ha subido un 25%, pero no me pagan un 25% más"

El conflicto amenaza con desestabilizar sectores clave de la economía aragonesa, donde el aumento de costes y la falta de suministros comienzan a transformar el día a día de cooperativas, empresas logísticas y pequeños productores.

Una escalada de los precios que ya se deja notar en la inflación. En este mes, el IPC se ha disparado al 3,3%, el nivel más alto desde mayo de 2024, como consecuencia directa de los precios de los combustibles, a las puertas de la Semana Santa, en el que se espera un importante volumen de desplazamientos por carretera.

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Ante ello, las gasolineras están siendo las grandes protagonistas, ya que desde prácticamente el primer día se percibe un incremento del precio de los combustibles, que afectan tanto a los usuarios comunes como a los profesionales que dependen de los carburantes.

El Gobierno de España aplicó el pasado sábado una rebaja del IVA de la gasolina y el diésel, pasando del 21 al 10%, pero desde el sector del transporte no están conformes y creen que son medidas “insuficientes y trileras”.

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“Las ayudas que han dado se han quedado muy cortas. El sector no puede asumir esta subida tan salvaje del combustible, y tampoco queremos hacer un paro en vísperas de Semana Santa para perjudicar a los ciudadanos”, ha expuesto José Antonio Moliner, presidente de Tradime.

Y es que los transportistas calculan que, durante este mes, han tenido que abonar un extra de 2.000 euros por tráiler, cifra que consideran totalmente prohibitiva para los conductores.

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Durante este viernes, representantes del sector a nivel nacional mantuvieron un encuentro con el Ministerio de Transportes para presentarle 14 nuevas medidas que, dicen, han sido recibidas de buen agrado por parte del Gobierno. Este lunes se constituirá una mesa negociadora donde también estarán presentes las carteras de Economía y Hacienda.

Entre las 14 propuestas remitidas al Ministerio, figura la ayuda a los transportistas de 20 a 25 céntimos por litro de combustible, así como otras ayudas directas de 1.500 euros por vehículo o la indexación del combustible del 30 al 40% en la escala de costes del transporte.

“Se ve que hay voluntad de negociación. Otra cosa es que se hubieran cerrado en banda, pero nosotros también queremos negociar. Tenemos unas inquietudes y problemas muy graves. Una empresa de 50 vehículos ha sufrido un sobrecoste de 100.000 euros de combustible en un mes. No lo podemos trasladar a la facturación final”, subraya Moliner.

El campo, contra las cuerdas

Otro sector que se ha visto contra las cuerdas ante la subida del precio de los combustibles es la agricultura. Tras el estallido de la guerra en Irán, el gasoil agrícola ha pasado de costar 85 o 90 céntimos a 1,5 euros y los fertilizantes, de 400 a 700 euros por tonelada.

Esta problemática se hace más acuciante en una época que coincide con la siembra del abono, sin que ello se traduzca en una mejora de los precios por los que se compra a los agricultores.

“La inflación va a subir, pero a nosotros no nos van a pagar más por lo que producimos. Si esa subida del gasóleo y los fertilizantes nos aumentara el precio de la tonelada o el kilo, lo podríamos soportar, pero no va a ser así. Nos seguirán pagando igual y ese coste lo vamos a tener que absorber”, ha denunciado José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón.

Ante ello, las organizaciones agrarias denuncian “movimientos especulativos” en el precio de los carburantes, disparados desde el primer día de la guerra, por lo que exigen al Gobierno de España un “exhaustivo control” de la especulación y sanciones duras si se demuestra.

Precisamente, uno de los sectores más afectados por esta guerra es la alfalfa. Aragón vende en Oriente Próximo alrededor de 250.000 toneladas de alfalfa, que es la mitad de la producción de toda la Comunidad en un año. Una zona que, actualmente, se encuentra bloqueada, a la espera de conocer cómo avanza el conflicto en las próximas semanas y meses.